Considera que el Estado ecuatoriano también debe velar por sus derechos.
Punto Noticias. Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, advirtió que los integrantes del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) deberán justificar, con fundamentos legales, su decisión de mantener la suspensión del pago de los sueldos de los legisladores exiliados en México.
Respecto a la propuesta de que se les destituya a sus compañeros de bancada, por abandonar sus cargos, Durán cree que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar todos los derechos individuales y los que tienen como legisladores.
La parlamentaria considera que el asilo es un derecho de todas las personas que ven en riesgo su vida y su integridad, por su posición política, protegido por el derecho internacional.
Insiste en que sus compañeros son perseguidos por parte de la Fiscalía y el Ejecutivo, por odio, y que prueba de ello es la forma en la que les han tratado a ellos y a sus familiares, como en el caso de Gabriela Rivadeneira, que llegaron a detener a su padre, acusándole de delitos que no cometió.
Comparte el criterio de que los parlamentarios asilados en México podrían retornar al país, cuando haya las garantías necesarias, y recuperar sus cargos de asambleístas, porque no tienen ningún impedimento.