El 3 de octubre se dictó un estado de excepción como la única respuesta posible del Gobierno a tanta violencia económica, agregó.
Francisco Hurtado, abogado experto en Derechos Humanos e integrante de la comisión que elaboró el informe para la CIDH sobre los hechos de octubre de 2019, criticó que la respuesta del Gobierno para proteger sus medidas económicas con el decreto 883 haya sido el uso desproporcionado de la fuerza a través de policías y militares.
“El 3 de octubre se dictó un estado de excepción como la única respuesta posible del Gobierno a tanta violencia económica contra las clases medias y populares”.
Destacó que desde 2017 el régimen empezó con un incremento en el ajuste estructural neoliberal, recibiendo deuda a cambio de condicionamientos como la reducción del tamaño del Estado, lo cual representó despidos, pero además, dijo, erosionó el trabajo y empleo del resto de la población, los mismos que se exacerban con la mala gestión del Gobierno a la pandemia.
“Este último estado de excepción de 180 días fue aprovechado para impulsar medidas que en octubre no se pudieron impulsar”.
Indicó que en estos tres años ha existido una escalada en la situación de pobreza sobre todo el sector campesino que debe buscar ingresos y salir de casa, exponiéndose al virus. “La crisis se profundiza por el modo en que se gestiona la pandemia, se toman medidas contra la población para favorecer a grupos económicos”.
Hurtado recordó además que en octubre de 2019 hubo actos de violencia contra estudiantes, indígenas y población en general que se levantó contra la decisión de eliminar el subsidio a las gasolinas extra y diésel: “A ello se suma un proceso de criminalización donde 1330 personas fueron detenidas y varios procesos ya se archivaron lo que hubiera dado la posibilidad de demandar al Estado por detención arbitral”.
Manifestó que de continuar este Gobierno o cualquiera de sus aliados es posible que lo ocurrido en octubre vuelva a ocurrir.