Postura Editorial
No hay semana en la que el mensajero de la Fiscalía no llegue a las instalaciones de radio Pichincha Universal con el papeleo de hostigamiento judicial: citaciones, solicitudes de información y una serie de requerimientos dentro del proceso iniciado por la “Unidad de Lucha contra el crimen organizado transnacional e internacional”.
Ahora, en ésta semana, 25 periodistas y trabajadores de Pichincha Comunicaciones E.P. deben declarar ante la Policía Judicial. La razón: indagar qué hacía cada uno de ellos durante el allanamiento del 8 de octubre de 2019.
¿Qué busca con esto el “Poder Judicial”? ¿Hay justificativo constitucional para actos de esta naturaleza en contra de un medio público que no ha cometido ningún delito? ¿Acaso la sustanciación en un proceso iniciado a partir de una declaración de una entrevista conlleva el hostigamiento y el amedrentamiento a todo el personal de una entidad donde incluyen a los periodistas, administradores y conserjes? ¿Se entiende como un acto democrático requerimientos que ni siquiera para las bandas criminales se han hecho con sus parientes o colaboradores?.
Todo esto ocurre mientras las autoridades, empezando por el Primero y Segundo Mandatarios, insisten que no hay ningún tipo de restricción o persecución sino “un proceso legal” para demostrar que la radio Pichincha Universal llamó la sublevación popular y a la discordia ciudadana. No hay una sola prueba, pero las afirmaciones son recogidas sin filtro por aquellos medios que, hipócritamente, denuncian supuestos actos de otros gobiernos y se callan del actual.
No vamos a fallar a ninguna cita judicial, cumpliremos con la ley, pero no dejaremos de denunciar actos injustificados y desproporcionados que forman parte de Lawfare, de una estrategia para estigmatizar a los medios y organizaciones sociales y políticas que se expresaron sobre lo ocurrido en octubre de 2019.
Llamamos la atención de los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos de este tipo de actos.
Con absoluta claridad le decimos a nuestras audiencias que, como medio público, seguiremos ejerciendo un oficio con responsabilidad, apegados a la ética y respeto a la Constitución.