El nuevo Gobierno dispuso que se eliminen los registros crediticios de personas con deudas vencidas de hasta USD 1.000.
Punto Noticias.- A pesar de que el Decreto 33 suscrito por el presidente Guillermo Lasso dispone eliminar los registros crediticios de personas con deudas vencidas de hasta USD 1.000, este no podrá ejecutarse hasta que se conforme la nueva Junta de Regulación de Política Financiera y se emitan las directrices necesarias.
Con esta disposición gubernamental se eliminarían los registros de información histórica crediticia de 1,7 millones de personas que constan en los burós de crédito y se daría cumplimiento a una de sus ofertas de campaña.
Para la Asociación de Bancos del Ecuador y el buró de crédito Equifax, la decisión del presidente Lasso, tomada el 24 de mayo pasado, no sería técnica ni tampoco cumpliría el objetivo que se ha trazado de permitir un mejor acceso a créditos.
El Decreto Ejecutivo señala que las entidades que brindan el servicio de registro de información histórica crediticia deberán eliminar de dichos listados a las personas con deudas menores de USD 1.000 en caso de que la obligación se haya generado en el sistema financiero o en los segmentos 1 y 2 de las cooperativas. Para los otros segmentos, el monto de deuda para que el deudor pueda ser eliminado del registro es de USD 500. Aunque el decreto no elimina la deuda ni el derecho de cobro.
Al respecto, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador mencionó que “mientras más información exista de cada cliente en los burós de crédito, siempre será mejor el proceso para construir una calificación del historial de crédito de una persona”. De lo contrario, la entidad, dijo que devendrá en el impacto para el acceso a nuevos créditos por parte de dichos clientes que no tienen completa la información de su perfil.
La entidad explicó que los burós no muestran solo la foto estática de una persona, sino como una película de esta.
Mientras, Equifax indicó que la eliminación de información no es lo más idóneo para lograr una mayor bancarización e inclusión.
También sostuvo que en el decreto se precisa que hay un plazo de 60 días para llevar a cabo esta disposición y que será la Junta de Política y Regulación Financiera la encargada de emitir las disposiciones.
Para ello, deberá conformarse la nueva Junta y el Ejecutivo deberá enviar los nombres de los miembros para que la Asamblea los designe.
Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), comentó que el decreto está redactado de manera general y por lo tanto quedan aún varias dudas para su aplicación.
Expresó que se deben conocer los requisitos para ser beneficiarios de esta medida, porque consideró que no se deben mezclar a los buenos y malos pagadores que ya tienen un comportamiento inadecuado desde antes.
La Asociación de Bancos señaló que desde el 2012 no existe como tal una “central de riesgos”, y lo que sí hay son entidades que se conocen como burós de crédito que se encargan de recopilar los comportamientos de las personas que acceden a préstamos.
El score o calificación del historial de crédito tiene un rango que va de 0 a 999 puntos. Un puntaje bajo significa que existe un alto riesgo de incumplimiento de pago del crédito, en cambio, un puntaje alto predice un alto nivel de cumplimiento.
Fuente: El Universo, redes sociales