Los agentes investigan los contratos que firmó la entidad por más de USD 5 millones en toda la emergencia sanitaria.
Punto Noticias.- Desde el 31 de mayo que la Fiscalía inició una investigación en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por el presunto delito de tráfico de influencias en las adjudicaciones de contratos durante la emergencia, se ha dado cuenta que las empresas vinculadas no existirían.
Por ejemplo, en Chongón, una parroquia ubicada a 30 minutos de Guayaquil donde sus habitantes dicen que se conocen entre todos, les resulta extraño que se diga que allí esté asentada una empresa ligada a los contratos ejecutados por la Prefectura del Guayas.
En el portal de compras públicas se detalla que la compañía fue contratada por USD 80 000 para procesar datos de las pruebas Covid-19.
Los agentes rastrearon la dirección de la empresa e intentaron verificar su existencia, pero no hallaron las oficinas. Sin embargo, conocen los nombres y saben que esas personas forman parte de otras compañías que tienen vínculos comerciales con la esposa y con los hijastros del prefecto Morales.
Los números telefónicos que la firma registró en la Superintendencia de Compañías tampoco pertenecerían a la empresa y quienes aparecían como directivos ahora están prófugos.
En total, los investigadores han detectado siete empresas relacionadas con los contratos de la Prefectura. Los informes fiscales revelan que no se pudo constatar la existencia de ninguna. De hecho, en la audiencia de formulación de cargos del Prefecto, el pasado 5 de junio, la Fiscalía dijo que hay “suficientes elementos de la participación de Morales, junto a su familia, en los contratos que ha suscrito con personas naturales o con empresas que no existen”.
Al momento, la Fiscalía ha determinado que se “vulneró todo procedimiento precontractual y contractual para la suscripción” de las adjudicaciones. Por eso aseguró que Morales tuvo una intervención directa en el delito, aunque la defensa del Prefecto negó esas acusaciones por haberse realzado con base en “chismes de redes sociales”.
Incluso, en el listado de los nombres de las empresas vinculadas a este caso aparecería un taller de automóviles y en él se mencionaría como accionista a uno de los hijastros de Morales.
Los agentes acudieron a la dirección que la empresa registró en la Superintendencia de Compañías y hallaron una bodega. Los uniformados descubrieron que la infraestructura sería de una mujer asiática.
Algo similar ocurrió cuando fueron a otras dos empresas, que estaban registradas para realizar actividades de importación y exportación.
El objetivo de los investigadores es obtener datos relacionados con los contratos que la Prefectura firmó por más de USD 5 millones en toda la emergencia sanitaria.
A la par se analiza el contenido de computadoras y celulares que se confiscaron a funcionarios y a los contratistas de la Prefectura.
Fuente: El Comercio, Fiscalía, redes sociales