El objetivo es determinar si se cumple con el debido proceso.
Punto Noticias. Con el propósito de conocer si la liquidación y extinción de empresas públicas, dispuestas por el presidente de la República, cumplen con el debido proceso, la Comisión de Participación Ciudadana creo una subcomisión que realizará la indagación correspondiente.
Esta instancia está conformada por los legisladores Ramón Terán, Gloria Astudillo y Pabel Muñoz, quienes deberán determinar si existen o no informes técnicos, como exige el marco legal; el número total de empresas públicas en liquidación y extinción; destino final de las empresas, luego de su liquidación; número de empleados desvinculados y análisis de la situación legal.
Los asambleístas están encargados también de solicitar a la Contraloría General del Estado exámenes y auditorías en torno a este asunto.
Para el cumplimiento de esta investigación se pedirá apoyo a la Defensoría Pública, Consejo de Participación Ciudadana y colectivos de defensa de los afectados por el cierre de las empresas públicas.
La mesa de Participación Ciudadana continúa con la construcción del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado.
Los parlamentarios avanzaron con la lectura del Capítulo V, relacionado con la Fase Judicial, que contempla artículos vinculados con la unidad procesal, pretensión de extinción de dominio, inicio de fase judicial, citación y notificación, fijación de audiencia, contenido de la sentencia, entre otros temas.
Se leyó el Título II, Capítulo I, sobre las Formas de Cooperación, entre ellas, la obligación de cooperar, cooperación internacional, cooperación internacional sobre bienes ilícitos ubicados en territorio nacional, validez de sentencia extranjera y distribución de bienes.
Analizaron el título relacionado con la institucionalidad, así como las disposiciones generales, transitorias y reformatorias.
Durante la lectura se propuso crear un artículo sobre la obligatoriedad de cruce de base de datos entre el Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico y otras instituciones.
Fuente: Asamblea Nacional.