Un privado de la libertad habría fallecido por el operativo policial, denuncia el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Hasta este jueves 27 de julio, no hay una cifra exacta ni datos de cuántas son las víctimas de masacres carcelarias, asegura Fernando Bastías, representante de Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Desde el sábado 22 de julio empezaron los motines en esa y otras cárceles del Ecuador.
Luego de consultas realizadas al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Comité supo que se espera que la Policía Judicial haga exámenes de los cuerpos encontrados.
Sin embargo, las familias de privados de la libertad conocen de modo extraoficial si su familiar ha sido asesinado o no, señaló Bastías. «Se mantiene la incertidumbre en familias que no tienen información ni en Criminalística ni en la Penitenciaría».
Según Fernando Bastías, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos trabaja de forma directa con las familias, que tienen información real y consistente de lo que ocurre en la Penitenciaría del Litoral. Los familiares están en contacto directo con la prisión, así que se enteran de que un pariente falleció porque compañeros de celda les avisan.
«Eso nos ha ayudado a contrastar datos. Esta semana, una persona no falleció en el enfrentamiento entre bandas criminales sino resultado de intervención desproporcionada y abusiva de la Policía Nacional en la cárcel», denunció.
Para Fernando Bastías, falta voluntad política para prohibir que ingresen armas. Además, «existe complicidad de la élite política con el crimen organizado, que se materializa en las cárceles y tiene repercusiones afuera. El autogobierno de las cárceles ocurre con complicidad del Estado, que lo conoce y lo permite».
¿Cómo el CDH concluye eso? Bastías responde que hay una dinámica permanente de extorsión a las familias de los privados de la libertad. Todos saben que se comercializa la comida, la seguridad y se vende drogas.
El Comité conoce que todavía hay heridos en el pabellón nueve y en otros de la Penitenciaría del Litoral. El CDH presentó un habeas corpus correctivo colectivo para que se saque a los heridos a centros hospitalarios. «Es falso que tengan el control completo de pabellones».
La Penitenciaría se ha transformado, dice Bastías, en un espacio de guerra, que el Estado ha impuesto, no es un escenario de rehabilitación.
La duda que tiene el defensor de derechos humanos es si el Estado permitió que haya estos enfrentamientos en las cárceles. «Esa es una lectura política, que como organismo de derechos humanos no podemos hacer, pero la obligación del Estado, no de bandas, es asegurar derechos de privados de la libertad».