Punto Noticias.- Francisco Hurtado es adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Él conversó sobre la situación en Tundayme (Zamora Chinchipe). En este sector opera el proyecto Mirador, que podría ser el primer proyecto minero a gran escala en Ecuador.
Hurtado recordó el contexto. En el 2017 se presentó una acción de protección por los hechos sucedidos el 30 de septiembre y el 16 de diciembre del 2015 y el 04 de febrero del 2016. En esas tres fechas, el estado ecuatoriano, ejecutó un desalojo forzado y violento en contra de 32 familias de la comunidad indígena Cascomi.
Estos desalojos se ejecutaron para favorecer los intereses de la empresa Ecuacorriente S.A que opera el proyecto minero Mirador, dijo.
Hasta la fecha (los pobladores) siguen sin poder retornar a esas tierras porque en el lugar se ha construido infraestructura minera. Un dique de relaves que es donde se acumula el agua para recibir el agua química que saldrá después del procesamiento del cobre.
Los pobladores están planteando una reparación integral por esos desalojos violentos, explicó Hurtado.
El funcionario agregó, además, que las concesiones para el proyecto Mirador fueron entregadas antes del gobierno de Rafael Correa. La empresa, en un primer momento, fue canadiense. Pero, durante el gobierno anterior, dos empresas chinas adquieren el proyecto.
Posteriormente, se compraron tierras que contó con la observación de la Contraloría General. Se trata de irregularidades en la compra de tierras a precios bajos, precios condicionados, o testaferrismo.
Hurtado enfatizó que para todo el proyecto Mirador debió aplicarse la consulta previa, libre e informada. Eso no sucedió. Además, precisó los siguiente: no pueden haber proyectos de desarrollo que tenga como primera alternativa el desalojo de poblados. Hurtado dijo que eso lo señalan las Naciones Unidas y nuestra constitución.
En caso no haya alternativa, el defensor dijo que los desalojos deben contar con un lugar para reubicación.
Mañana, en el Complejo Judicial Norte (Quito), la comunidad indígena cascomi convoca a la gente que les acompañen. La decisión del juez será de primera instancias.
Si mañana el juez falla a favor, lo más significativo que puede hacer el estado ecuatoriano como reparación es allanarse. Cumplir la sentencia y no necesariamente apelar. Si el juez falla en contra, es decisión de la comunidad presentar o no una apelación.
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