Ayer se reunieron las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, las FARC, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para evaluar de manera conjunta la implementación de los acuerdos de paz.
El cónclave tuvo lugar en Turbaco, Bolívar, municipio cercano a Cartagena de Indias y el nuevo movimiento político le pidió al mandatario que ejerza potestades constitucionales extraordinarias para hacer respetar los acuerdos.
El listado de reclamos e inconformidades de los exguerrilleros es extenso y es lógico, puesto que muchos excombatientes continúan detenidos, otros han sido asesinados y la mayoría tiene graves dificultades para incorporarse a la vida civil.
Las Farc plantearon la necesidad de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para que los ayude en el cumplimiento de lo firmado en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y la guerrilla. El acuerdo incluía una cláusula que lo hacía respetar las Convenciones de Ginebra y agregando un aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para el movimiento político Santos puede adoptar medidas que aceleran los pasos en el cumplimiento del acuerdo y salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El gobierno se empeña en destacar el vaso medio lleno y minimizar el vaso medio vacío y asegura que pese a las dificultades para la rápida implementación es un acuerdo ejemplar por su robustez jurídica.
“Los avances son muy claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz», manifestó Santos a la prensa reunida en Turbaco, donde también estuvieron los expresidentes Felipe González, de España y José Mujica del Uruguay.