Este miércoles, 20 de marzo, en Madrid (España) se desarrolló la Conferencia “Migración y ciudades: el camino hacia la integración inclusiva”, evento al que asistieron representantes de diversas organizaciones a nivel mundial, entre ellas, la Prefectura de Pichincha, a través de la Coordinación de Movilidad Humana.
El evento tuvo como objetivo el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades, así como el diseño de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos derivados de los desplazamientos humanos, logrando así una agenda inspiradora que ofrezca soluciones, ideas y áreas de trabajo que ayuden a construir -entre todos- un camino hacia una integración más inclusiva.
A lo largo de la jornada se llevaron a cabo varios paneles, conversatorios y sesiones en las que se abordaron diversas temáticas, tales como: Desafío y oportunidades derivadas del nexo migración-desarrollo, Una mirada latinoamericana sobre migración México-Colombia, Preparando las ciudades para la migración, Migración y acción: acceso a servicios, vivienda e integración social.
En éste último, precisamente, participó como panelista Giovanna Tipán, directora de la Coordinación de Movilidad Humana de la Prefectura de Pichincha, junto a Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (España), Karim Bin-Humam, Director de Operaciones Skillab (Holanda), Anna Terrón, Directora de Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (España).
La directora explicó que Ecuador tiene una ventaja enorme, una Constitución garantista que determina -dentro de los grupos de atención prioritaria- a las personas en situación de movilidad humana. Así mismo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador posee dos artículos que permite a los gobiernos locales -tanto municipales como provinciales- tener política pública para la garantía de derechos de las personas en situación de movilidad humana.
“En primera instancia tenemos claro que el único garante de derechos es el Estado. El Ecuador tiene una política nacional de movilidad humana, tenemos la Constitución y la ley. Lo que hicimos es aterrizar esa política en los territorios ya que somos los gobiernos locales intermedios -en este caso el de Pichincha- quienes acogemos a la población partiendo de la política pública con recursos económicos”, explicó.
La directora dio a conocer el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace 5 años desde la prefectura de Pichincha a través de la Coordinación de Movilidad Humana que brinda atención médica, asesoría legal, apoyo psicológico, inclusión económica y laboral y capacitación, clases de español para personas extra-continentales, -especialmente de medio oriente- y cuenta, además, con dos casas de acogida.
“Lo primero que hicimos fue levantar información sobre las necesidades que tiene la población de movilidad humana y se los cotejó con todos los servicios que ya teníamos dentro de la Prefectura”.
La Coordinación de Movilidad Humana tiene dos políticas públicas, la primera vinculada a la garantía de derechos de la población que procura crear espacios de dignificación para las personas en situación de movilidad humana con el fin de proteger y promover sus derechos. La segunda está relacionada a crear espacios de convivencia pacífica intercultural direccionada a la población de acogida. “Si no trabajamos con la población local y solo nos enfocamos en la población migrante, estamos trabajando en desventaja”.
Aseguró que siempre han apostado a las políticas específicas de movilidad humana porque las personas migrantes tienen menos acceso a derechos, aquí y en cualquier lugar del mundo, y todo ese marco normativo en Ecuador es, precisamente, para poder reconocer esas desigualdades y con una política pública específica avanzar hacia una “equiparación de derechos” con la población local.
Por Baby Bustamante Bustamante – Coordinación de Movilidad Humana GADPP