IESS asegura que el estado ecuatoriano a comenzado a pagar su deuda mientras que la institución atraviesa una fuerte crisis administrativa
El estado ecuatoriano aseguró que ha pagado en este año unos $ 820 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como parte de su contribución del 40 % correspondiente al Fondo de Pensiones y otros rubros del año 2021.
Adicionalmente, en este año el Estado consideró dentro del presupuesto del 2022 un rubro adicional por $ 1,000 millones, que corresponde a deudas de años anteriores, afirmó el IESS.
Por un lado, la relación estatal financiera parecería regularizarse, pero por otro, los problemas administrativos en la institución estarían provocando una fuerte crisis de gobernabilidad dentro de la entidad. Así lo aseguró el presidente saliente de la institución, Francisco Cepeda, quien fue el segundo delegado asignado por el presidente Guillermo Lasso en lo que va de su gobierno y presentó su renuncia el pasado 6 de junio.
El exfuncionario explicó que su renuncia ocurrió porque los otros dos vocales del Consejo Directivo, Luis Clavijo (representante de los asegurados)b y César Rodríguez (representante de los empleadores) bloquearon sistemáticamente su trabajo cuando se mencionó el tema de celebrar nuevas elecciones para representantes del Consejo Directivo que no han sido cambiados desde el 2016.
El consejo directivo es el máximo órgano de gobierno del IESS cuya función principal es legislar y fiscalizar. Este está conformado por tres vocales titulares y sus subalternos. No obstante, algo que ha generado cuestionamientos es que el representante del Ejecutivo también es el presidente de la entidad y del Biess. De acuerdo con los sectores más críticos del IESS, las decisiones principales sobre el destino de la institución corren por cuenta del estado ecuatoriano y eso ha sido el principal causante de las enormes deudas y de la situación actual de la entidad.
En la actualidad no se puede elegir a los nuevos miembros del Consejo, quienes fueron votados para cumplir el periodo 2012 – 2016 debido a que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, con el que se elegía a los miembros del Consejo, por lo cual el proceso de renovación de los representantes de los jubilados y empleadores se mantiene congelado.
Ante esta situación, la Asamblea Nacional debe aprobar una reforma para que se puedan elegir nuevas autoridades, y mientras eso no suceda la inestabilidad en la seguridad social ecuatoriana continuará afectando a más de 3 millones de afiliados activos y a 500 mil jubilados y pensionistas, quienes mes tras mes entregan sus aportes sin ver resultados favorables.
Redacción Ángel Cóndor