El Municipio argumenta supuestas deudas e incumplimientos de la empresa concesionaria de las paradas.
Adrián Acosta
La empresa encargada de la administración y mantenimiento de las 414 paradas de buses de transporte urbano en Quito advirtió con retirar la infraestructura, en respuesta a la decisión del Municipio Metropolitano de terminar unilateralmente el contrato de concesión.
El pasado 27 de mayo, el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, Iván Tapia, notificó a la empresa Publicidad Sarmiento S.A. la terminación unilateral y anticipada del contrato, por presuntas deudas e incumplimientos técnicos.
El contrato de concesión para el diseño, construcción, instalación, mantenimiento y conservación del mobiliario urbano de 414 paradas, a cambio de explotación publicitaria, fue suscrito el 11 de abril de 2018, en la alcaldía de Mauricio Rodas, por un periodo de diez años.
Se estableció que la empresa adjudicada cancele al municipio, por canon anual de concesión, un valor de USD 1’267.126.
El Municipio, en base a informes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), determinó presuntos incumplimientos por parte de Publicidad Sarmiento.
De acuerdo con esos informes, la empresa adeuda al municipio, con corte al 30 de abril de 2022, un total de USD 6’687.571,05.
De ese monto, USD 4’929.393,06 corresponden a intereses por cuotas de pago trimestrales, depósitos a plazo fijo, cálculo de interés de 22 SBU por no pago fuera del plazo, cálculo de interés del no pago oportuno de canon de concesión y el pago del canon de concesión hasta el primer trimestre de 2022.
Otros USD 1’851.300,00 responden a multas por incumplimientos de parámetros de instalación. Se estableció una multa diaria de USD 212,50 por cada una de las 242 paradas en las que supuestamente hubo incumplimientos.
Las autoridades afirman que concedieron a la empresa diez días para remediar el incumplimiento, bajo la advertencia de terminación unilateral del contrato.
Publicidad Sarmiento asegura que la terminación del contrato es improcedente porque, el pasado 13 de abril, el juez constitucional Hermes Jiménez concedió una medida cautelar con la que ordenó suspender cualquier acto o acción que tenga como finalidad la terminación del contrato de concesión.
Según la empresa, las medidas cautelares están vigentes por una apelación, planteada el 25 de abril, a una resolución del mismo juez.
Denuncia que la terminación del contrato fue notificada antes del término de tres días que la empresa tenía para presentar argumentos y justificativos sobre los informes económicos.
Además, asegura no haber recibido atención y respuestas motivadas por parte del municipio a por lo menos seis oficios enviados, por lo que la empresa quedó en indefensión.
La contratista anunció que emprenderá acciones legales nacionales e internacionales en contra de las autoridades y funcionarios municipales que promovieron el proceso de terminación unilateral del contrato.
Y lo más grave, advirtió con retirar el mobiliario de las 414 paradas de buses para poder recuperar los USD 8 millones invertidos durante estos cuatro años.
La empresa colocó anuncios en algunas avenidas de la ciudad con la advertencia de que Quito se quedaría sin paradas, de lo que responsabilizó a la mala gestión del Municipio Metropolitano.