Hubo una moción de unificar dos pedidos de juicio político en contra, pero no obtuvo los votos, por lo que serán tratados por separado.
Punto Noticias. Con 5 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó a trámite la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Salvador Maita y Mireya Pazmiño en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa por incumplimiento de funciones.
Los cuatro consejeros son acusados de una presunta ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial.
También se les imputa una supuesta arrogación de funciones por incluir en el orden del día de la sesión ordinaria No. 3 del Pleno del Consejo el debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
La legisladora y vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, mocionó que se unifiquen los dos pedidos de juicio político. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios, por lo que se tramitarán por separado.
Los comisionados serán convocados a una nueva sesión para avocar conocimiento y calificar la segunda solicitud de juicio político, presentada, esta vez, contra los siete consejeros de Participación Ciudadana, interpuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo.
El incumplimiento tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, posibles irregularidades en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; y por conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo, César Córdova.