La asambleísta fue convocada en México, donde reside, a rendir versión sobre un supuesto delito de instigación del que se la acusa.
Punto Noticias. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, advierte que continúa la judicialización política en Ecuador, de la cual es víctima a pesar de estar con asilo político en México, desde enero del presente año.
Señala que la prueba de esta persecución judicial es la convocatoria para que asista a rendir versión en la Fiscalía mexicana, dentro de una investigación previa abierta en su contra, por supuesto delito de instigación durante los días de la protesta social, de octubre 2019, en Ecuador.
Demuestra también, dice, las mentiras de los voceros del Gobierno Nacional, quienes dijeron que no había razón para que haya buscado protección diplomática y salido del país. Confirmó que asistirá a la diligencia judicial, en la cual espera conocer los detalles de la investigación de la cual es sujeto.
Rivadeneira comentó que, según información no oficial proporcionada por su abogado, Gabriel Rivera, conoce que el contexto de la indagación abierta por Fiscalía es una denuncia puesta a partir de la rueda de prensa de la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitando se convoque a sesión del Pleno del Legislativo, para conocer y debatir la crisis social y política de esos días.
“Si el presidente de la Asamblea, César Litardo, hubiera aceptado convocar al Pleno, debatir el inicio de la conmoción interna que se estaba suscitando, en esos momentos, producto de la aplicación de políticas neoliberales del presidente Moreno, seguramente la situación hubiera sido diferente. Se hubiese evitado los 11 asesinatos, las 14 personas que perdieron un ojo, las 1.300 detenciones arbitrarias, con denuncias de tortura”, señaló la legisladora.
Cuestionó la actuación de Litardo, quien, dice, cerró la Legislatura, mando de vacaciones y la cerco, como parece que ya es costumbre, porque sucedió lo mismo en el juicio político a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusó de ser una de las causantes de la gran represión en octubre de 2019, cuando se demostró que usó bombas lacrimógenas caducadas, que afectó la salud de los manifestantes.
Rivadeneira sostuvo que estaba ejerciendo su función de asambleísta al demandar que sesione el Pleno parlamentario, cumpliendo con lo que dispone la Constitución, por lo que calificó como una inconsistencia judicial que se haya abierto una indagación fiscal, por cumplir con una competencia legislativa.