Pese a la gravedad de la denuncia y las pruebas encontradas, no existen responsables
LOS PERIODISTAS
Sistemáticamente las autoridades desactivaron el escándalo por la fallida adquisición de mascarillas N95, con sobreprecio, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Como parte de una estrategia mediática, diversos actores del poder reaccionaron simultáneamente para anunciar sendas investigaciones y, así, apaciguar los ánimos de una ciudadanía indignada por el mal uso de recursos públicos.
El IESS pretendió adquirir insumos médicos por más de USD 10 millones, entre los que se incluían mascarillas N95 a un precio de USD 12 cada una, cuando otros proveedores ofertaban el mismo producto a USD 3,90.
Se escogió a la empresa Almantop S.A., dedicada al servicio de bebidas y restaurantes, y con un capital de apenas USD 800.
La Fiscalía General allanó las instalaciones de esa compañía, en Guayaquil, y descubrió que era de papel. En el local funcionaba otra empresa distinta.
El pasado 5 de abril, la Fiscalía anunció que “ha recabado suficientes elementos para formular cargos por presunto delito de peculado”. Pero al mismo tiempo, informó que la etapa correspondiente se retomará cuando las unidades judiciales reinicien la atención.
Contradictoriamente, la Fiscalía llamó a declarar a los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Iza, los próximos 29 y 30 de abril, dentro de una investigación previa por terrorismo, por una denuncia del exvicepresidente Alberto Dahik, por el paro de octubre.
De igual manera se han realizado otras diligencias judiciales, en plena pandemia, como la audiencia en la que se dictó sentencia en el denominado caso sobornos.
Por su parte, la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal, en el que afirmó que estarían vinculados el exdirector General del IESS, Miguel Ángel Loja; la exdirectora Nacional de Servicios Corporativos, María Cecilia Arteaga; y la exsubdirectora Nacional de Contratación Pública, Carolina Cepeda.
No obstante, no se ha visto al contralor subrogante, Pablo Celi, emitir pronunciamientos para exigir que actúen las instancias competentes, como lo ha hecho públicamente en otros casos, ante los medios de comunicación.
El abogado y analista, Napoleón Santamaría, opina que la sociedad debe estar atenta para que luego de la emergencia se activen con “todas las fuerzas los procesos administrativos y penales para sancionar a los sinvergüenzas que quisieron aprovecharse de la tragedia de los ecuatorianos para enriquecerse”.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, quien renunció de manera irrevocable el 22 de abril, solicitó el pasado 30 de marzo la remoción de los funcionarios que participaron en el proceso de contratación.
Sin embargo, la Subdirectora de Contratación Pública continúa en la institución y solo habría sido reubicada, según fuentes internas del Seguro Social. Hasta el 23 de abril no constaba su declaración juramentada patrimonial, de fin de gestión, en la plataforma web de Contraloría.
Anteriormente, el 09 de abril, Granda ya había puesto su cargo a disposición del presidente Lenín Moreno, pero no fue aceptado por el Mandatario, quien por el contrario felicitó su gestión frente a la crisis sanitaria.
El Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional Anticorrupción, El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asambleístas, las cámaras de la producción y otros sectores solicitaron la remoción de Granda, pero el presidente nunca se pronunció.
El exdirector General del IESS, Ángel Loja, quien suscribió el contrato para la fallida compra de mascarillas, y luego fue removido del cargo, ha sido el brazo derecho de Granda desde hace algunos años.
Fue asesor y viceministro de Gestión del Transporte, cuando Granda se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas, entre los años 2017 y 2018.
Ahora que Granda ya no está en el IESS, Napoleón Santamaría, opina que sería inadmisible que el presidente le designe en otro cargo público. “No vamos a tolerar que sean premiados con un nuevo cargo público”, señala.
Cuando se desató el escándalo por las mascarillas, el presidente Moreno expresó en su cuenta de Twitter: “Bien Paúl Granda por haber detenido la compra fraudulenta en el IESS, ahora a sancionar a los culpables. Gracias a quienes hicieron la denuncia. Por favor sigamos ayudando. Nadie puede sacar provecho de estos momentos difíciles. Seremos implacables con la corrupción”.
Después de un mes de la denuncia, y pese a las pruebas encontradas, no existen responsables, ni mucho menos sanciones. Y, lo que es peor, ya nadie habla sobre el caso de las mascarillas.