Según la experta económica, los beneficiarios de esta normativa propuesta por el gobierno de Moreno son las instituciones financieras privadas.
Punto Noticias. Con la Ley de Defensa de la Dolarización, del gobierno de Lenín Moreno, se está creando un ambiente muy parecido al que existió en víspera de la crisis financiera de 1999, alerta la analista económica Wilma Salgado.
Con el agravante, dice, que en esta ocasión se está pretendiendo privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE).
Explicó que todas las instituciones estatales no financieras está obligadas a depositar en el BCE sus recursos líquidos, que son recursos públicos. Lo nuevo de este proyecto de ley del Ejecutivo es que se prohíbe que el Banco Central otorgue financiamiento al Gobierno central, a las entidades públicas, a los gobiernos descentralizados.
Pero sí podrá prestar dichos recursos a las instituciones financieras privadas, sin ningún límite ni garantía, eliminando las condiciones que deben cumplir en la legislación vigente para acceder a dichos recursos, como el índice de solvencia, la calificación de la cartera de crédito, los aportes al Fondo de Liquidez, entre otras, que están establecidas en el artículo 129 del Código Orgánico Monetario y Financiero vigente, que se deroga con la propuesta del Gobierno.
Lo preocupante es que las instituciones financieras privadas, que tendrían acceso ilimitado a los recursos del Banco Central, no tendrían ninguna obligación de mantener una parte de su liquidez dentro del país, advierte Salgado.
Según la experta, significaría que las instituciones del sistema financiero privado pueden fugarlos inmediatamente fuera del país los recursos que obtenga del BCE, como sucedió en la crisis financiera de 1999, insistió.
Alertó que con la Ley de Defensa de la Dolarización del Gobierno, se le quita a la Junta de Política y Regulación Financiera la facultad de obligar a las instituciones financieras a conservar dentro del país una parte de la liquidez, que es una norma que está vigente en la actualidad por la costumbre tradicional que tienen las instituciones financieras de colocar recursos fuera del país, en los paraísos fiscales.