Tras el quiebre constitucional que habían significado los golpes de estado en la Argentina, se consensuó entre todas las fuerzas políticas la no utilización de las fuerzas armadas para la seguridad interior. Incluso es algo que no puede hacerse sin contravenir la Constitución Nacional.
Hoy, el presidente argentino Mauricio Macri, voló por los aires 35 años de democracia al disponer una nueva política de defensa que incluye la colaboración de efectivos de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Específicamente, indicó el presidente, darán “apoyo logístico en la zona de fronteras”, así como ante “eventos de carácter estratégico”, además de la “custodia y protección de los objetivos estratégicos”.
El anuncio se realizó en la base militar de Campo de Mayo y fue realizado junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, muy controvertido por su ineptitud en resolver el caso del submarino desaparecido, ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo.
Justamente, el ministro explicó que el ejército funcionará como “fuerza disuasiva” en los sectores fronterizos, para evitar la instalación de grupos ligados al narcotráfico o el terrorismo.
Aguad, además, informó que se busca crear una fuerza de 10 mil hombres para un despliegue rápido. “Los soldados que van a ir a la frontera en poco tiempo van a contar con el equipamiento personal que van a necesitar en el Norte del país”, dijo.
Es bueno recordar que el año pasado ocurrieron trágicos sucesos de represión de las fuerzas desplegadas en la supuesta lucha contra el terrorismo, cuando se asesinó a Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería y a Rafael Nahuel, por parte de Prefectura. Dos casos gravísimos de violencia institucional y que demuestran la nueva conducción que tiene el ministerio de Seguridad, en manos de la ministra Patricia Bullrich.