Mauricio Alarcón aclaró que en materia de Derechos Humanos, la Constitución determina que no se puede clasificar ni mantener en reserva ninguna información.
Mauricio Alarcón, abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, destacó que, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, el Gobierno de Daniel Noboa deberá desclasificar de manera inmediata la información correspondiente al secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en el 2018.
“No hay que esperar hasta el 6 de mayo, sino que pueden entregar la información mañana mismo sin ningún problema”, agregó.
Alarcón aclaró que, a diferencia de años anteriores, donde los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso se comprometieron a entregar la información a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra y nunca lo hicieron; en esta ocasión, es la máxima corte del Ecuador la que manda a desclasificar los documentos, lo cual es de obligatorio cumplimiento.
El abogado Mauricio Alarcón consideró que Moreno y Lasso no cumplieron su palabra porque habrían logrado ver la documentación y al notar la alta sensibilidad, se dieron cuenta que podría traer repercusiones.
“Esos incumplimientos hicieron que solicitemos la desclasificación de información y obtengamos la sentencia favorable en la Corte Constitucional”, remarcó.
Con el dictamen de la Corte Constitucional se ordena al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), a través de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a que se entreguen:
- Actas de las tres sesiones entre marzo y abril de 2018
- Audios
- Transcripciones
- Listas de asistentes a dichas sesiones
- Rendición de cuentas
- Informe de cumplimiento en este caso
Los documentos deben ser entregados a los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio: Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Galo Ortega.
“Está información debe dar luz al caso, obtener justicia y que no quede en la impunidad como ha ocurrido en estos últimos seis años”, subrayó.
Mauricio Alarcón aclaró que en materia de Derechos Humanos, la Constitución determina que no se puede clasificar ni mantener en reserva ninguna información, por lo que no hay justificación para que el Cosepe haya impedido que las familias del equipo periodístico de diario El Comercio, conozcan los detalles de su secuestro y muerte.