Punto Noticias.- Una investigación periodística reveló las condiciones de esclavitud de los trabajadores en la empresa de abacá Furukawa. Hoy nos acompañaron Walter Sánchez, Luis Víctor González y Patricio Guagua, trabajadores de la referida empresa.
Elsie Monge, de Cedhu, también dio detalles adicionales sobre la respuesta que dio del Estado a esta empresa. Furukawa funciona en el kilómetro 37 de la vía Quevedo – Santo Domingo (Ecuador).
Sánchez explicó que se han organizado desde febrero del 2018. Un grupo de 12 personas entregaron una documentación en la Presidencia de la República para denunciar las condiciones que vivían. Ahí se explicaba cómo los trabajadores realizaban sus actividades sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos, ni de la empresa ni del Estado, dijo. «Los trabajadores han sobrevivido por sí mismo».
Por su parte, González es un trabajador que ahora tiene dolencias. Él trabaja en la empresa hace 27 años, y la actividad que realizaba era de «burrero». El burrero es quien lleva los troncos del abacá con el apoyo de una mula, hasta llegar a la máquina. «El animal me pateó el cuerpo», cuenta. El trabajador, además, dijo que no sabe lo que son las vacaciones y, al momento, no ha recibido ningún tipo de apoyo a la empresa.
Guagua dijo que la empresa, ahora, llamó a los trabajadores para liquidarles. «Pero pagándoles una miseria de 150 dólares a cada uno, por los años que tengan». Algunos han aceptado, otros no, precisó.
Monge: «La situación es lacerante»
Para Elsie Monge esta situación es «lacerante». Ella explicó que, prácticamente, toda la familia de un trabajador labora para la empresa y le vende solo a Furukawa. La vida que llevan es infrahumana, hay niños que no tienen documentos, viven en viviendas precarias, sostuvo.
La empresa, en la actualidad, quiere desentenderse: «La empresa está argumentando que ellos no son sus trabajadores». Monge dijo que el Estado tiene la obligación de velar por las condiciones de vida de los ciudadanos. «¿Cómo es posible que en casi 60 años, el Estado, haya permitido esta explotación inmisericorde de estas personas?»
Además, Monge agregó que se ha logrado que la suspendan por 60 días. Pero durante esos días la gente se queda sin trabajo y no tienen a dónde ir, explicó. «Lo que está haciendo la empresa es sacando su maquinaria, su maquinaria, con el respaldo de la teniente política».
Creo que el Estado tiene que asumir una investigación. Sancionar a los responsables, tanto de la empresa como de funcionarios públicos que han permitido esta situación. Además, de indemnización a la gente. No puede ser que por 30 años de trabajo reciban 150 dólares de liquidación. El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto.
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