El ministro de Economía dijo que el informe «no recoge los esfuerzos significativos que el Gobierno ecuatoriano está haciendo para garantizar la sostenibilidad fiscal»
Punto Noticias. La agencia calificadora Moody’s rebajó el 6 de febrero de 2020 la calificación de emisor de divisas extranjeras a largo plazo y la calificación senior no garantizada del Gobierno de Ecuador de B3 a Caa1. Además, cambió la perspectiva de estable a negativa.
Explican que la baja calificación de Ecuador refleja algunos factores clave de calificación. Entre ellos, “el acceso al mercado para el soberano permanezca limitado ante un programa de amortización de deuda desafiante que comienza en 2022”.
Además, señala que las autoridades “se enfrentan a una resistencia considerable a la adopción de reformas urgentes, lo que ha provocado incertidumbre en las políticas y obstaculizado el crecimiento económico, además de agregar más desafíos a la sostenibilidad de la deuda y al acceso al mercado”.
En enero, Jaime Reusche, vicepresidente senior de crédito de la agencia, anunció que el costo del nuevo bono social de Ecuador, por USD $400 millones, “es relativamente elevado, lo que destaca el aún limitado acceso a los mercados del soberano”.
La calificadora indicó que las autoridades pudieron adoptar la reforma fiscal en diciembre de 2019 que esperan generará un aumento neto de los ingresos del 0,5% del PIB en 2020 y del 0,5% del PIB en 2021, inferior al 0,7% en 2020 y al 0,6% en 2021 en virtud de un propuesta previa que estaba más en línea con los objetivos iniciales del programa del FMI.
El Gobierno, explican, se ha demorado en emprender las reformas requeridas dentro del marco del programa que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El financiamiento del FMI en 2020-21 y otros esfuerzos brindarán apoyo para satisfacer las necesidades de financiamiento del soberano, pero Ecuador enfrenta una considerable incertidumbre más allá de 2021, debido a las grandes cantidades de deuda de mercado que vencen a partir de 2022”, dice la firma.
Moody’s estima que el déficit fiscal del gobierno central se amplió marginalmente a 3.8% del PIB desde 3.6% en 2018.
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