Los dos detenidos pertenecen a la banda de los ‘R7’ y habrían sido los promotores de la masacre en la cárcel de Bellavista, en mayo de este año.
Punto Noticias.- Una vez que el juez John Rodríguez avaló el pedido de Ángelo Achile Mite, ‘Negro Angelo’, y Kevin Manzaba para que sean trasladados de la cárcel La Roca (Guayaquil) a la de Bellavista (Santo Domingo) sin un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), no solo el Gobierno reaccionó, sino el Consejo de la Judicatura como máximo órgano administrativo de la Función Judicial.
El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, cuestionó la actuación de Rodríguez y dijo que de nada sirve que existan magistrados honestos en el sistema judicial si hay “otros tipos de jueces que se ponen de lado del crimen organizado”. La razón es que el Gobierno informó que ambos reclusos serían los promotores de la masacre dentro de la prisión de Bellavista, donde 44 reclusos fueron asesinados en mayo de este año.
Murillo recalcó que la Judicatura tiene limitaciones para revisar los fallos judiciales y sancionar a los magistrados, luego de una reforma de 2020, con la cual no puede actuar de oficio, sino por una denuncia ante las figuras de negligencia manifiesta, dolo y error inexcusable.
El Gobierno a través de un comunicado indicó que con esa decisión judicial se puso en riesgo la estrategia gubernamental implementada para resguardar la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social.
Asimismo, mencionó que los intereses personales de estos privados de la libertad están por encima del bienestar del país.
Con este antecedente, el Gobierno planteará una revocatoria por la competencia, pues quien emite la disposición es un juez del cantón Yaguachi y los detenidos están en Guayaquil.
Rodríguez ya ha sido cuestionado por otras decisiones judiciales, por ejemplo, cuando falló a favor de Raúl González al otorgarle medidas para que sea posesionado como superintendente de Bancos.
Incluso, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, pidió a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI) que investiguen el patrimonio del juez.