El Estado ecuatoriano intenta evitar un pago millonario a la petrolera y desde los afectados por los daños ambientales exigen justicia.
Punto Noticias.- La Procuraduría General del Estado presentó un recurso de casación dentro del proceso de anulación del segundo laudo parcial del caso Chevron.
Con ello, se busca anular la sentencia de apelación emitida el 28 de junio de 2022 por la Corte de Apelaciones de La Haya, a fin de que la Corte Suprema de los Países Bajos corrija los errores de derecho cometidos por su inferior.
La Procuraduría señaló que no se cansará de defender los intereses del Estado ecuatoriano y su patrimonio en jurisdicción nacional e internacional.
En septiembre de 2020, la Corte del Distrito de La Haya rechazó una solicitud del Gobierno ecuatoriano para anular un laudo arbitral que desestimó la multimillonaria condena contra la petrolera estadounidense, por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
La Corte rechazó el pedido de anulación planteado por nuestro país tras considerar que la sentencia de la justicia ecuatoriana contra Chevron fue producto de supuestas irregularidades. Y más bien lo que hizo la Corte fue ratificar el laudo de un Tribunal de la misma jurisdicción emitido en 2018, ya que aceptó la teoría de un supuesto fraude en la sentencia por USD 9.500 millones a la que Chevron fue condenada en una Corte de Lago Agrio.
El pasado lunes, la Unión de Afectados por Texaco (hoy Chevron), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y más organizaciones se pronunciaron sobre lo que consideran un injusto laudo arbitral contra Ecuador.
Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Texaco, señaló que existe una grave amenaza de la transnacional, porque ya se dieron cuatro sentencias en las que se declaró culpable a la petrolera.
Insistió que a Texaco le corresponde ejecutar una reparación integral al daño ambiental causado.
El jurista dijo que no pueden ser parte ahora del arbitraje de Chevron contra el Estado ecuatoriano, porque en ese laudo los árbitros ordenaron al país que anule la sentencia de los demandantes que se tramitó en Lago Agrio.
Fajardo expresó que eso es grave porque no se puede ejecutar la sentencia y lo que pretende Chevron ahora es que se le pague.
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, manifestó que hay una violencia en contra del territorio amazónico por parte de las petroleras.
Sostuvo que es importante tener una justicia digna y que se resuelva esta situación que atenta en contra de la Amazonía.