Exhorta a municipios a que no se reubiquen a quienes laboran el Centro Histórico y la Bahía
La Defensoría del Pueblo ve con preocupación los operativos aplicados por los municipios de Quito, en la zona del Centro Histórico, y de Guayaquil, en la Bahía, en contra de los trabajadores informales. Pide que se respete el derecho al trabajo y que no los agredan ni decomisen sus mercaderías.
El fin de semana pasado, en el Centro Histórico de Quito se registraron operativos y decomisos por parte de la Secretaría de Seguridad del Municipio para desalojar a los comerciantes autónomos y a las trabajadoras sexuales.
“Los medios de comunicación han reportado que con estos controles se impide el trabajo a aproximadamente 2000 comerciantes que aún no han regularizado su situación para poder trabajar en los espacios que se proporciona en los mercados ni tampoco se tiene conocimiento sobre los procesos de regularización que se están emprendiendo por parte del Municipio de Quito”, señaló.
Similares acciones se denuncian en la Bahía de Guayaquil, en donde no se les permite trabajar a los informales y también se les retiene sus productos “sin brindarles información oportuna respecto al procedimiento para el reclamo de la misma”.
“La Defensoría del Pueblo, recuerda a las autoridades municipales de Quito y Guayaquil, a las y los agentes municipales de esas ciudades, que el derecho al trabajo se encuentra reconocido en la Constitución de la República en el artículo 325, el cual reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas.”, detalló.
Existe una protección constitucional no solo a las relaciones de trabajo dependientes, sino también las relaciones autónomas, entre las cuales se encuentra aquella efectuada por las y los trabajadores informales, mencionó la entidad.
La institución pide a los agentes municipales de Quito y Guayaquil que respeten el derecho al trabajo, a que no les obliguen a retirarse de los lugares en los que están trabajando.
Y exige que no los agredan ni decomisen los productos que expenden en las calles.
Así también, a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quito y Guayaquil les conmina a que generen espacios de diálogo con los trabajadores autónomos y sexuales para generar alternativas
“Garantizar que las ordenanzas y otras normativas garanticen el ejercicio del derecho al trabajo autónomo de las y los trabajadores informales, cuenten con enfoque de derechos humanos y que establezcan sanciones claras para las autoridades y los agentes municipales que han cometido actos de violencia o abuso de poder en contra de las y los trabajadores autónomos y las trabajadoras sexuales”, enfatizó.
Solicita que los procesos de regularización de estos grupos no tengan costos elevados que impidan a estas personas, en situación de precariedad económica, a acceder a los mismos.
“A tomar la decisión de reubicación de las trabajadoras sexuales en común acuerdo con ellas, generando un espacio seguro y con las comodidades necesarias para que ellas puedan efectuar sus labores con total seguridad y en respeto de sus derechos humanos. Para esto, es necesario que se entiendan las particularidades propias del trabajo sexual y los riesgos propios de esta profesión”.
Fuente: Defensoría del Pueblo