Tercera Emisión Punto Noticias – Wilma Andrade, presidenta de Izquierda Democrática y Asambleísta Nacional, afirmó que José Serrano debe dar cuentas a la Asamblea Nacional y al país sobre el contenido del audio. “Y creo que el Fiscal también que decir de qué forma lo obtuvo. Porque aquí no se ha dicho nada sobre eso. No somos ingenuos para creer que en una red social se filtró la información. No. Aquí entendemos que hay una acción concertada y hay que saber con quién”.
En ese sentido, Andrade explicó que Izquierda Democrática observa que esto es resultado de un sistema fallido. “Lamentablemente para el Ecuador, se cooptaron todas las instituciones del Estado desde una sola fuerza política y bajo el liderazgo de una sola persona”. También puntualizó que el Fiscal debe dar explicaciones sobre los aproximadamente 300 millones de dólares de gastos reservados y sobre las supuestas manipulaciones de los videos del 30 de septiembre.
En el hipotético caso de que Serrano deje su cargo y le corresponda el turno a Viviana Bonilla, la entrevistada puso sus reparos. “Es riesgoso para la democracia. Riesgoso para la institucionalidad. Pero de todas formas esas son las medidas. Yo creo que, de producirse, habría que pensar en una reorganización general de la Asamblea para que las fuerzas políticas que estamos representando aquí en la Asamblea, se pueda tener una participación en la que haya gobernabilidad. Y que no lleguemos al punto de confrontación, cuando el país se debate en una crisis económica que requiere el apoyo contundente y el trabajo de todos”. Sin embargo, dijo que hay que esperar, “ya no falta mucho para esa comparecencia y tomar decisiones mucho más claras”.
Finalmente, Andrade afirmó que para Izquierda Democrática no solamente es necesario el juicio político a Carlos Ochoa. “Él abusó de la ley, y con cambios de la propia normativa para él convertirse en juez y parte”. Agregó, además, que han presentado una reforma a la Ley de Comunicación donde se busca eliminar la figura del linchamiento mediático y la SUPERCOM. “Todas las acciones a nivel civil y penal tienen que ir con el debido proceso al sistema jurisdiccional”.
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