La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo lugar esta semana en Montevideo, Uruguay. Frente a los magistrados presentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos, familiares, sindicatos, organizaciones sociales y civiles.
De la desaparición forzada de personas, a la persecución ideológica, pasando por reformas legislativas que hacen retroceder los derechos conquistados tras años de progreso social.
Los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa vinieron desde México, los normalistas desaparecieron en Guerrero hace 37 meses y la CIDH se mostró dispuesta a persistir en el reclamo y acompañamiento de las familias para el esclarecimiento de este ataque masivo. El expresidente del organismo regional, James Cavallaro, cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomas Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias cuando ocupaba el cargo de Director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, en el contexto del 165 periodo de sesiones de la CIDH llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidió la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas, sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo, citaba el diario Proceso.
“Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) de Argentina, una de las entidades impulsoras de la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri.
Desde Argentina, además de la presencia de organizaciones de magistrados y sindicatos, también estuvieron presentes familiares de Santiago Maldonado y organismos de derechos humanos que los acompañan en el reclamo por el esclarecimiento de la muerte del joven en Chubut, tras una represión ilegal de la gendarmería.
Entre otras presentaciones, estuvieron en Montevideo representantes de las organizaciones sociales colombianas para reclamar por el alto grado de impunidad que se vive en el país, el fuerte paramilitarismo y el exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos.