La Ley Orgánica de Comunicación no debe ser derogada, así coincidieron Ignacio López Vigil, investigador y radialista; y Palmira Chavero, comunicadora y catedrática universitaria, quienes manifestaron que los empresarios y monopolios no quieren una normativa porque podrían hacer lo que quieran, como en la ley de la selva, que es la ley del más fuerte, es decir la ley del león que se come a los más débiles.
“La Ley de Comunicación es una lucha de décadas, de las universidades, organizaciones y todos los ecuatorianos tenemos derecho a ejercer la comunicación a través de medios propios”, sostuvo López Vigil aunque también reconoció que el gobierno anterior mal utilizó el cuerpo legal y no cumplió con la normativa, como por ejemplo lo que respecta a la redistribución de frecuencias. Además definió a la comunicación como un servicio público bajo el control del Régimen y a ello se suma un Cordicom que pasó de ser un Consejo Ciudadano a un ente Gubernamental.
A criterio del radialista apasionado, la comunicación debe definirse no bajo un concepto que le permita usar para los intereses del gobierno de turno o los empresarios sino más bien pensada en un derecho de la ciudadanía, es así que, López Vigil, resaltó que el Cordicom debe ser integrado por dos representantes del Ejecutivo, Legislativo y los otros cinco que vengan desde sectores como las mujeres, nacionalidades, jóvenes, la academia y la sociedad civil como titular del espectro radio eléctrico.
En ese marco, señaló al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, como responsable de la falta de redistribución de frecuencias pues dijo que él borro todo y decidió a quién le dan y no le dan una frecuencia.
“Es así que Jorge Yunda (hoy asambleísta) se jacta de tener 50 frecuencias y el mexicano Ángel González tiene 84 frecuencias y aplicó al concurso para tener ciento y pico”, criticó López al añadir que la preocupación del sector empresarial y las élites es que se cumpla el artículo 106 que habla de que 33% del espectro radioeléctrico debe ser para medios públicos, 33% para privados y 34% para comunitarios. “Eso les quita el sueño”.
Chavero, por su parte, recordó que la comunicación es un derecho universal, que no solo abarca a comunicadores y periodistas sino a los ciudadanos del mundo.
“Es un derecho que está en cada uno de nosotros, no podemos privar al ciudadano de tener acceso a información que le permite tomar decisiones y posiciones del día a día”, puntualizó la docente al mencionar que la normativa dio paso a la democratización, quitándole el poder a quienes se creen dueños de la palabra.
Coincidió con López Vigil, al indicar que hubo ciertos errores en su aplicación que se enfocó más en las sanciones que en lo positivo como la promoción de derechos, es así que sostuvo que al calificar a la comunicación como servicio público se abre la puerta a una posible privatización a nivel jurídico y de participación y también se refirió a la Cordicom que no ha tenido un rol destacable.