Con un auto de aclaración y ampliación, el Tribunal también revocó las medidas cautelares, indicando que ya no son necesarias. Con lo que podrían realizar desalojos de los trabajadores.
Punto Noticias. En el Ecuador, el caso Furukawa es el primero en judicializarse por “esclavitud moderna”. Sin embargo, el martes 9 de noviembre de 2021, los Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante auto de aclaración y ampliación, reformaron la sentencia y afectaron la ejecución de las medidas de reparación.
Reclaman que, con ello, los magistrados violan los derechos constitucionales de 123 personas campesinas abacaleras que, por décadas, trabajaron para una empresa en condiciones infrahumanas.
En la sentencia de segunda instancia emitida el 15 de octubre de 2021, los Jueces ratificaron que, las medidas de compensación económica ordenadas en primera instancia, es decir, la indemnización económica por los años de trabajo y por mutilaciones junto con la entrega de tierras a cada accionante, eran “adecuadas y proporcionales”.
Reclaman que ahora reforman su propia decisión, aclarando que las dos medidas de reparación deben “conjugarse” en una sola medida de reparación económica que deberá “tasarse en cuerda separada”.
Además, alertan que el auto de ampliación y aclaración reforma la sentencia en lo relacionado con el trabajo infantil. La sentencia del 15 de octubre ratificó que “la empresa accionada habría vulnerado el derecho de prohibición de trabajo infantil”, pero ahora dicen que “no se puede establecer que esta sea una práctica generalizada, permanente o mantenida en las haciendas de la compañía”.
Los cambios ocurren pese a que el trabajo infantil fue verificado en informes y comparecencias en la Asamblea Nacional durante los últimos tres años por varias autoridades del Estado, entre ellas el Ministerio de Trabajo.
Con este auto también revocan las medidas cautelares constitucionales con el argumento de que ya no son necesarias. “Estas medidas fueron concedidas en marzo de 2020 por el Juez de primera instancia para evitar la violación del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en resistencia en los campamentos de la Hacienda Isabel (km. 42), debido a los derrocamientos y desalojos que realizó la empresa Furukawa desde el año 2019 con el objeto de expulsar a los y las trabajadoras organizados y desaparecer evidencias, considerando que, pese a la precariedad de dichas viviendas, son el único cobijo con el que cuentan dada su condición de extrema pobreza”, reclama el colectivo Furukawan Nunca Más.