En la Asamblea se discute el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización. El Gobierno señala que el fin es mantener el sistema actual.
Punto Noticias.- El próximo Gobierno tendría USD 453 millones del Banco Central del Ecuador (BCE) para su uso, así lo dio a conocer Marcos López, miembro de la Junta Monetaria.
El anuncio lo hizo en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización que se discute en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea. En esa reunión también participó el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo.
Estos días, la mesa legislativa continuará escuchando a los voceros del Gobierno y a la sociedad civil, previo a elaborar el informe de primer debate que será tratado en el Pleno de la Asamblea.
Tanto López como Pozo mostraron un diagnóstico del BCE y resaltaron la necesidad de que la entidad sea independiente de un Gobierno, para proteger la dolarización.
Respecto del balance al 31 de diciembre de 2020, López aseguró que “no hay exceso de liquidez” en el banco, y advirtió el escenario con el que se encontrará el próximo mandatario a partir del 24 de mayo.
Dijo que lo único que se va a encontrar en la chequera son USD 453 millones y si quiere girar USD 1.000 millones tendrá que buscar USD 600 millones de algún lado. O pedir un préstamo u obligar a que se compren bonos.
Detalló que el BCE tiene USD 13.853 millones al 31 de diciembre del 2020.
“Eso es lo que nos deben a los ecuatorianos, o es lo que nos tiene que pagar el Banco Central cuando le pidamos. ¿Cuánto tiene para pagarnos? USD 7.195 millones al 31 de diciembre. Es decir, que le hacen falta USD 6.700 millones para pagarnos lo que nos debe. No hay exceso de liquidez como se habla”, precisó López.
Para el ministro Pozo este proyecto requiere ser aprobado para establecer los “candados” que permitan fortalecer la dolarización, con el fin de mantener un sistema monetario estable.
Insistió en la preocupación de que el BCE tiene un desfase de más de USD 6.000 millones para respaldar los depósitos, porque fueron cambiados por papeles.
“Tenemos un descalce de casi USD 7.000 millones. No hay ahorro fiscal, no tenemos ahorro fiscal y por eso hemos tenido que endeudarnos”, sostuvo.
Los funcionarios fueron cuestionados por las legisladoras Ana Belén Marín (AP), Pinuccia Colamarco (AP), Lira Villaba (RC), respecto de la reforma legal de integrar las juntas de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera, cuyos integrantes podrán ser recomendados por el Presidente de la República y serán elegidos por la Asamblea Nacional.
Para las asambleístas, esta propuesta sería inconstitucional, porque la Constitución determina que el Presidente de la República tiene la atribución de conducir la política monetaria.
La asambleísta Villalba discrepó que pueda ser integrada por banqueros, porque eso sería dar libre albedrío para que hagan lo que ellos consideren.
Mientras, Pozo insistió que estas instancias son necesarias para que definan políticas “técnicas”, que sean aplicadas por el BCE.
“Hacemos esto para tener un Banco Central totalmente independiente. Nadie más va a manejar el banco: ni el gobierno, ni los banqueros”, expresó.
López, en cambio, dijo que con estas reformas las juntas tendrán una representación jurídica, y sus integrantes deberán ser profesionales en la materia para así garantizar la independencia del Banco Central.
Señaló que no hay ningún artículo en el que se diga que “los miembros de las juntas pueden hacer lo que les da la gana”.
Añadió que las 55 funciones que actualmente tiene asignadas la Junta de Regulación Monetaria, serán repartidas entre las dos juntas.
Pozo recalcó que de aprobarse la norma se mantendrá la dolarización y reconoció que su envío al Legislativo responde a una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de préstamos.
El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente y debe ser aprobado en un plazo de 30 días.
Fuente: El Universo, Asamblea Nacional, redes sociales