Todos los depósitos mayores a USD 10.000 en estas entidades deberán ser investigados.
A partir de este 2023, y por orden de la Junta de Política y Regulación Financiera, se dispone a las cooperativas de ahorro y crédito a efectuar procesos de investigación a los clientes que realicen depósitos mayores a los USD 10.000.
Dicha reforma intenta convertirse en una estrategia para reducir los riesgos de lavado de activos en entidades pequeñas, que no superan los 100 socios o clientes, aunque esta orden solo se aplicará en cooperativas de los segmentos cuatro y cinco (con activos menores a USD 5 millones).
Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, entidad que supervisa a las cooperativas, explicó que esta reforma busca unificar normas para todas las entidades bancarias, ya que las instituciones financieras con capitales mayores si efectúan este control.
Un ejemplo de esto son las cooperativas de los segmentos 1 2 y 3, las cuales ya poseen umbrales de control para prevenir lavado de activos. Esto se debe a que desde la institución se han visto actividades que hacen necesaria una capacitación para las cooperativas pequeñas.
Otro reto para las cooperativas será implementar este gasto para efectuar este nuevo control, ya que deberán capacitar o contratar a un oficial de cumplimiento, que realice el análisis de las operaciones sospechosas de lavado de activos.
Algo que representa un importante egreso adicional para la entidad; ya que en palabras de Hernández “Se trata de una persona técnica que puede ganar más que el mismo gerente de la cooperativa”. Motivo por el cual La Superintendencia está capacitando a miembros de las propias instituciones.
Redacción: Ángel Cóndor