Según la entidad, las expulsiones son ilegales porque no se cumplió el debido proceso.
Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo (DPE) alerta sobre la recurrencia y crecimiento exponencial, en todo el país, de casos de desalojos forzados a los arrendatarios impagos, por parte de los arrendadores.
Según la institución, ha realizado un total de 234 alertas, que incluyen a personas en movilidad humana, situación que es inadmisible en un momento de alto riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.
En muchos de estos casos, se han ejecutado acciones agresivas y arbitrarias en contra de inquilinos por parte de arrendadores, quienes han contado, incluso, con el apoyo de la fuerza pública como medida de presión, señala el boletín de la Defensoría del Pueblo.
En una relación de poder totalmente debilitada por las condiciones económicas vigentes, han sido vulnerados en sus derechos, en clara afectación a la dignidad humana y empujados a exponer sus vidas y la de su entorno familiar, que, en muchos casos, incluye a grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y hasta enfermos crónicos, que no han sido considerados al momento de privarles de su derecho a la vivienda y a un espacio digno, advierte la DPE.
Recuerda que para que operen los desalojos, de manera legal, se debe observar el derecho al debido proceso, que es mandatorio para todas las instancias públicas y privadas, en vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que, los procesos civiles en mención no pueden ejecutarse al margen del trámite procesal reconocido en la Ley de Inquilinato, cuyos plazos y términos fueron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020, de conformidad con la resolución del Consejo de la Judicatura 030-2020, en virtud de la emergencia sanitaria.
Ante estos hechos, la DPE exhorta a la Defensoría Pública para que active, de manera urgente, en el marco de sus competencias y atribuciones, la atención de patrocinio a las personas en estado de indefensión que requieren acciones civiles y de inquilinato, para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta grave situación.
También alerta a las entidades responsables, a sus principales personeros y a los actores involucrados en el frente de respuesta institucional, en el marco de sus competencias, a lo largo de la presente emergencia y después de ella, que la Constitución de la República de Ecuador y sus leyes contemplan responsabilidades por acción u omisión en la atención a la ciudadanía.