De manera independiente a la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre el pedido de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), los asambleístas de la llamada oposición creen que hay los méritos suficientes para instaurarles un proceso.
Luis Pachala, legislador de CREO, insiste en que el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, y los demás integrantes de esta institución permitieron que el anterior gobierno meta la mano en la administración de justicia.
A criterio de los parlamentarios de la Revolución Ciudadana hay una persecución en contra de los ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa, con la intención de dejarles fuera de este régimen gubernamental y en ese objetivo se enmarca el pedido de juicio político contra el Consejo de la Judicatura, como sostiene Soledad Buendía.
La asambleísta Liliana Durán, compañera de bancada de Buendía, cuestiona las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición, que, a su parecer, solo busca destituir de sus cargos a los funcionarios que fueron designados durante el régimen anterior.
Los legisladores de “oposición” no ocultan sus propósitos, uno de los cuales es “barrer con todo lo que huele a correísmo”, con el argumento de reinstitucionalizar el país. La destitución de los integrantes del CJ entra en estos planes, por cualquier vía, como el juicio político, que es imprescindible, para el asambleísta Elio Peña, de Pachakutik.