La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas, sean quienes sean y vivan donde vivan, tienen derecho a la salud. Un derecho que se apoya en un conjunto más amplio de derechos con los que está relacionado, como el de la vivienda y los saneamientos adecuados, el de unas condiciones de trabajo saludables y los de acceso a alimentos nutritivos y a la justicia.
Solo se podrá poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública si estos derechos se tratan como una prioridad de la salud mundial, de modo que la atención sanitaria de calidad esté disponible y sea accesible para todos, sin excluir a nadie.
Así explica Naciones Unidas las razones por las que este año el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA se centra en la salud y en la campaña “Mi Salud, Mi Derecho”.
Un nuevo informe de ONUSIDA muestra avances que se están dando en el tratamiento del VIH. En el año 2000 solo 685 mil tenían acceso a un tratamiento, a mediados de 2017 esa cifra ascendía a 20,9 millones. Además de un mayor acceso, los tratamientos retrovíricos son más efectivos y tienen menos efectos secundarios.
En 2016 se calculaba que había casi 37 millones de personas infectadas con el VIH. Ese mismo año 1,8 millones se contagiaron y un millón falleció por enfermedades relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Desde el comienzo de la epidemia se calcula que han muerto unos 35 millones de personas.