Punto Noticias. Los dirigentes de las centrales sindicales, que conforman el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), ratificaron su decisión de llevar a cabo una huelga nacional, que todavía no tiene fecha.
Asimismo, confirmaron que, como acción previa a la huelga nacional, el jueves 6 de junio, protagonizarán una nueva movilización.
Las acciones de hecho tienen como objetivo rechazar la reforma laboral, que prepara el gobierno nacional, los despidos masivos, las privatizaciones, impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como señala Mesías Tatamuez, presidente de turno de la agremiación.
El vicepresidente del FUT, José Villavicencio, considera que, en la denominada gran movilización del 6 de junio, no solo deben participar los trabajadores sino todos los sectores sociales organizados y la ciudadanía en general.
Mesías Tatamuez considera que ya no se puede dialogar con el gobierno del presidente Lenín Moreno, cuando este plantea violar la Constitución y las leyes, desconociendo los derechos de los trabajadores.
Mientras tanto, los gremios de los empresarios, representados por el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, presentaron al titular de la legislatura su proyecto de reformas laborales, que plantea, entre otras propuestas, el cambio de la jornada laboral a seis días y ampliar el periodo de prueba en todas las contrataciones.
Son 40 propuestas de los empresarios para cambiar el Código del Trabajo y establecer, por ejemplo, la contratación de trabajadores por proyecto, para objetivos puntuales; ampliar el periodo de prueba a seis meses en todos los contratos.
Además, que las jornadas laborales pasen de ser de cinco a seis días, inclusive los sábados, sin pagar horas extras, pero manteniendo el máximo de 40 horas semanales y determinando un máximo de 12 horas por día.
Otra propuesta es que el tiempo para no poder despedir a una persona con enfermedad no profesional sea de seis meses y se elimine la prohibición de despido por motivos de servicio militar y ejercicio de cargos públicos obligatorios; la eliminación del límite mínimo de tres remuneraciones por indemnización y se establezca como mínimo un mes.