Legisladores ratificaron su voluntad de defender la autonomía de los GAD y la seguridad social.
Punto Noticias. El Pleno de la Legislatura concluyó, este domingo 3 de mayo de 2020, el primer debate del proyecto urgente del Ejecutivo de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que tramita la Comisión de Régimen Económico.
Luego de siete horas de debate, el titular del Parlamento Nacional dispuso que las observaciones planteadas sean remitidas a la mesa parlamentaria, para la elaboración del informe para segundo debate, en el plazo de 4 días.
El proyecto, que fue modificado por el órgano legislativo, busca el uso eficiente de recursos, con sujeción a las políticas fiscales y económicas del Plan Nacional de Desarrollo, poniendo en orden las finanzas públicas, con techos presupuestarios institucionales, con el fin de reactivar la economía del país.
El presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, destacó que la participación de sectores públicos, privados, academia, analistas económicos, gobiernos autónomos descentralizados, seguridad social, permitió preparar un documento mejorado, en relación con el del Ejecutivo.
Exhortó a sus colegas a corregir lo necesario, mejorar la redacción del articulado, que desde su origen no fue bien concebidos. Si bien hay que establecer una verdadera planificación de las reglas fiscales, articulada con los diferentes niveles de gobierno, se debe respetar la autonomía de los GAD y de la Seguridad Social, reflexionó.
Los asambleístas que participaron en la discusión estuvieron de acuerdo con que el proyecto enviado por el Ejecutivo presenta contradicciones con la Constitución, al pretender incorporar un concepto de sostenibilidad fiscal, sobreponiendo el concepto de eficiencia económica, que nada tiene que ver con los presupuestos participativos de los GAD, por tanto, se violenta su autonomía.
Calificaron de inconstitucional al artículo 2 del proyecto, porque pretende establecer una nueva clasificación del sector público, cuando el artículo 225 de la Carta Magna ya lo determina. Es decir, se confunde lo que es la administración central con la administración pública, con lo cual se pretende centralizar los presupuestos de los GAD y de la Seguridad Social, así como ubicar al Banco Central como entidad pública, cuando es una institución que controla los sistemas monetario, crediticio y cambiario. Plantearon que se debe eliminar dicho artículo o, en su defecto, modificarlo totalmente.
También, que deben ser revisados varios artículos de la ley enviada por el Ejecutivo, que están orientadas a lesionar el principio de autonomía. Señalaron su desacuerdo con que la Seguridad Social pase a ser regulada por el Ministerio de Finanzas y demandaron del Gobierno el pago de las deudas que mantiene con el IESS, que supera los 8 mil millones de dólares, así como la devolución de IVA a los GAD, que les corresponde por ley.
Alertaron que no permitirán que el Ministerio de Finanzas establezca límites al endeudamiento para los GAD, de manera arbitraria. Cuestionaron el incumplimiento en la entrega de recursos por parte de esta cartera de Estado a los gobiernos seccionales, aduciendo que no entregan información a tiempo. Aunque estuvieron de acuerdo en que no se debe permitir la discrecionalidad excesiva que tienen los gobiernos locales, que invierten recursos en aspectos no necesarios, como contratar artistas para espectáculos.
Consideraron que no se puede dar cheque en blanco al Ministerio de Finanzas para contratar tratados bilaterales de inversión, con lo cual se podría endeudar más al país.
Los asambleístas sostuvieron que los gastos financieros de la deuda no deben superar los ingresos permanentes, que la regla fiscal sobre la deuda pública no debe pasar del 40 % del Producto Interno Bruto y más bien determinar excepcionalidades, por ejemplo, endeudamiento en caso de emergencias, como la que afrontamos al momento por la pandemia.
Algunos asambleístas advirtieron que, por el momento, la propuesta del Ejecutivo no va a resolver el problema económico fiscal que tiene el país, ya que la misma se pondrá en práctica en el 2022, con otra administración del Estado. En el proyecto se debe incluir medidas para evitar la salida de divisas, mencionaron.
El proyecto del Gobierno determina que los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal. Para los parlamentarios no está claro el fin de esos recursos; por ello, consideraron que lo que genere este fondo debe estar orientado a garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
Se propuso que este fondo opere como un fideicomiso mercantil, administrado por el Banco Central del Ecuador, que tendrá como propósito reducir la deuda pública. En contraposición, se dijo que no conviene crear este fondo de estabilización cuando hay necesidades reales de educación y salud; que esto está bien en países desarrollados.
Fuente: Asamblea Nacional.