El vicepresidente de los Estados Unidos Michael Pence se reunió en la ciudad de Doral, en las cercanías de Miami, con una buena parte de la comunidad de autoexiliados venezolanos en la iglesia católica Nuestra Señora de Guadalupe. Pero también mantuvo una reunión privada con un grupo de 15 personas, entre los que se encontraban exmagistrados, alcaldes, estudiantes, la directora de la oenegé Venezuela Awareness y miembros de partidos de oposición.
El gobierno venezolano advirtió que varias de estas personas están siendo juzgadas por crímenes terroristas, como poner bombas y también denuncias por corrupción. “¡Terroristas y corruptos al lado del vicepresidente!”, exclamaba el presidente Nicolás Maduro, cuando denunció estas reuniones en una cumbre con el Alto Mando Militar Bolivariano.
El pedido de intervención militar que realiza una parte de la oposición del gobierno de Maduro, ha generado alerta en el Estado venezolano, porque las declaraciones intervencionistas y amenazantes de Donald Trump generan mucha incertidumbre en la población.
La reunión de Pence con la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), presidida por Jose Antonio Colina, quien en 2003 huyó de Venezuela acusado de colocar bombas en el edificio Caracas Teleport de Caracas, así como en el consulado de Colombia y la embajada de España en la capital venezolana, desconciertan, porque al icepresidente, además lo acompañaron el gobernador de Florida, Rick Scott, el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, ambos muy activos en la campaña anti Venezuela.
A estas reuniones se suma la que realizó Pence con el Estado Mayor del ejército norteamericano del Comando Sur.
Maduro advirtió que el ataque que sufrió el Fuerte Paramacay el 6 de agosto fue organizado y financiado por las organizaciones opositoras de Miami que se reunieron con los políticos estadounidenses.