En entrevista para radio Pichincha Universal con Paulina Mogrovejo, experta en libertad de expresión que integró el CORDICOM en años anteriores, nos habla sobre la censura a radio Pichincha Universal y como se viola la libertad de comunicación.
El estado de la libertad de expresión para Paulina Mogrovejo deja mucho que pensar, anteriormente se escuchaban muchas voces que cuestionaban anteriormente a la CORDICOM Y SUPERCOM, pero se ha instalado ese pensamiento único por los medios tradicionales, sino por la incapacidad de los ciudadanos/as con temor a ser enjuiciados y demandados por calumnias, terrorismo o instigación.
Se pensaba que estamos en tiempos de libertar, pues no es así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales, han manifestado la necesidad de establecer garantías para el ejercicio real de la libertad de expresión, insiste Mogrovejo.
Se ha sacado a varios canales de televisión como Telesur o Rusia Today de las cuentas de televisión por cable, su regulación está en manos de la CORDICOM, pero no ha indicado nada por estas censuras. La ciudadanía no cuenta con el derecho de recibir información plural, diversa, contextualizada, oportuna, o por último la información que prefieran.
Esto es una vulneración a la libertad de comunicación donde también los jueces del Consejo de la Judicatura deberían pronunciarse en contra de ello para recibir una comunicación plural.
Al parecer para la ex integrante del CORDICOM, en este país es que se legisla o juzga a partir de decretos o pronunciamientos, desde las redes sociales o desde medios de comunicación, se escucha alguna declaración de la ministra y los jueces actúan en consecuencia y eso genera un ambiente de incertidumbre, de miedo y de terror que por temor a expresarse libremente.
Este discurso va en contra de instrumentos internacionales de derechos humanos lo que hace es generar un ambiente de censura que en este caso le tocó a Rusia Today, cuando la Ministra de Gobierno opinó en su contra.
Hay organismos internacionales como la CIDH donde el relator para los DDHH, Édison Lanza se pronunció inclusive con respecto a cuestionar y atacara a radio Pichincha Universal, y lo propio con Telesur, en el sentido que el sancionar, establecer multas en contra de los medios de comunicación por las expresiones que emiten es un atentado, en este caso se debe aplicar el principio de mínima intervención para garantizar el bien protegido que es la libertad de expresión, asegura Mogrovejo.
El relator Lanza que no necesariamente se manifestó favorable a la Ley de comunicación en su momento, ahora manifiesta que el Gobierno Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión y abstenerse de censurar, como ha ocurrido con Pichincha Universal y en el momento del levantamiento indígena con Telesur.
Se debe reconocer la fuerza que ha tenido la Defensoría del Pueblo, por el excesivo uso de la fuerza, en la represión a los manifestantes, pero sería importante que se pronuncie con respecto a la libertad de expresión y la falta de garantías para ejercerla.
Se da a conocer, que cuando ARCOTEL instaura la demanda administrativa contra Pichincha Universal el argumento que presentan en plena audiencia, es el registro de la CORDICOM, un instrumento que debía a pasar por la Defensoría del Pueblo para tener validez, antes creada como un órgano de regulación, al parecer se está convirtiendo en un órgano de persecución, indica el periodista.
La respuesta de Paulina Mogrovejo, es que los cambios que se realizaron en la Ley Orgánica de Comunicación, es debilitar la institucionalidad de la comunicación, así las audiencias quedaron indefensas, en el sentido de que cuando se presentan procesos de censura generalizado en el país, los que pueden ser respecto a discriminación o afectación a la imagen y reputación.
La CORDICOM queda como una instancia de promoción de derechos, ni siquiera como un tema de regulación para el desarrollo de la libertad de expresión, queda debilitada.
En el ámbito nacional siempre estarán los jueces pero la ley de comunicación no está clara con respecto a cuál es el rol de los jueces. El productor nacional independiente no tiene ante quien presentar su denuncia, que tipo de juez, penal, constitucional, civil.
El Relator Edison Lanza, y con la CIDH no estaban informados que el juicio penal que se le lleva a Pichincha Universal es llevado por la Unidad de la Fiscaliza de Crimen organizado transnacional e internacional, cómo puede se entienderse que una entidad de crimen organizado que busca, que persigue que sanciona, etc. al crimen organizado sea la que le juzga y le procesa a Pichincha Universal? Insiste el entrevistador.
Y de una forma tan rápida, indica Mogrovejo, tenemos tantos desaparecidos, tenemos en tratamiento una Ley de desaparecidos en nuestro país, en muchos casos mujeres, que no se ha podido esclarecer, porque no hay personal necesario para poder llevar adelante los casos, y que no les alcanza el tiempo.
Pero cuando se trata de llevar adelante una acción penal en contra de un medio de comunicación social, ahí sí, estas unidades que deberían estar atrás de casos como trata de personas y desapariciones, lo que hacen es iniciar procesos en situaciones que no son especializadas.
La única explicación que se puede dar es que como es la Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal, pero de allí que tenga competencia en los medios de comunicación social y delitos que lo involucren no hay una razón, lo que iba por crimen organizado y acciones penales que puedan justificar una censura, o violación a los derechos de la libertad de comunicación.
El problema de la publicidad es algo que señalamos no solamente cuando estábamos en la CORDICOM sino mucho antes, la ley de comunicación establece artículos relacionados con la publicidad y se hablaba de una distribución equitativa y que nunca se hizo efectiva y con la reforma menos. No hay la posibilidad de hacerla exigible siquiera.
Pero tienes medios de comunicación comunitarios que pidiendo donaciones para subsistir porque el estado no les aporta con publicidad. Medios de las comunidades indígenas que necesitan información veráz y verificada no logran porque no tienen financiamiento.
La concentración de la propiedad de los medios, la concentración de la publicidad, lo que ya ha sido tomada en cuenta a nivel internacional como una forma de censura y violación a libertad de los derechos de comunicación.
En el gobierno anterior hubo cuestionamientos a los medios de comunicación social con el fin de democratizar la comunicación, la cual estaba concentrada en un 90% en el sector privado, y cuestionar los contenidos que se emitían en los medios de comunicación.
En los contenidos informativos que no tenían pluralidad, los líderes de opinión se daban la vuelta y se rotaban, los jóvenes no tenían acceso, la voz del pueblo no estaba siendo reflejada en estos medios como sigue ocurriendo ahora.
Las formas de entender la cultura desde lo blanco-mestizo descalificando a las culturas afro ecuatoriana, indígenas y montubias, el rol de las mujeres. Eso es lo que hubo en el Consejo anterior.
Pero en ningún momento los medios de comunicación han sido cerrados o cuestionados sin ninguna justificación, y nunca se cerraron los medios de comunicación ni directa, ni indirectamente, ni por multas, apertura de trámites, o demandas penales a través de la Fiscalía, concluyó Mogrovejo.