Organizaciones indígenas y colectivos advierten sobre la contaminación ambiental y hasta se movilizaron en Tena para exigir que se cumpla con sus derechos y los de la naturaleza.
Punto Noticias.- En las riberas del río de Yutzupino, en Napo, 150 retroexcavadoras y cerca de 4.000 personas realizan actividades de minería ilegal.
Vídeos subidos en las redes sociales dan cuenta de una zona devastada en la que se trabaja por las noches y no se permite el ingreso de policías ni militares.
Las denuncias ciudadanas mencionan la contaminación de ríos y de la violencia que se vive en la zona que carece de todo tipo de control.
Este miércoles 9 de febrero, cientos de personas protestaron en Tena en contra de la minería legal e ilegal.
Los manifestantes alertaron que las autoridades están involucradas en este caso y tienen maquinaria operando en Yutzupino.
Gregorio Mirabal, dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), dijo que -sobre todo- los procesos de minería ilegal generan graves afectaciones en la Amazonía.
A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) enfatizó que la contaminación del agua y la destrucción de la naturaleza afecta a todos.
La organización indígena consideró necesarios los procesos de consulta previa libre e informada sobre prácticas extractivas mineras, pues insistió que se hace caso omiso a las acciones de protección y más bien se afectan los recursos hídricos.
La Confeniae indicó que la Amazonia occidental es una de las áreas más biodiversas del planeta y la parte biológicamente más rica de toda la cuenca amazónica.
Recordó que la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 245 del 21 de mayo de 2018 señala precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico adoptando políticas de desarrollo sostenible y de conservación, así como que se identifiquen las áreas que han sido afectadas en términos ambientales y sociales por la actividad extractiva y se garantice su reparación integral.
A su vez, se explicó que la Constitución en el artículo 250 menciona que las provincias amazónicas forman parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Sin embargo, se puntualizó que las operaciones mineras se ubican en los territorios de las comunidades kichwa de Napo violentando el medio ambiente y con el permiso del Estado.
La Confederación instó a que se respete el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que está dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese contexto, se pidió al Estado que cumpla con la protección jurídica de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como con la conservación del medio ambiente.
Para defender los derechos de los pueblos indígenas, se recordó que las organizaciones y colectivos pidieron una consulta libre, previa e informada que fue avalada recién por la Corte Constitucional en el Caso Sinangoe.
Sobre esa resolución, la Confeniae indicó que la pretensión de la acción de protección implica la suspensión inmediata de toda actividad minera aurífera en las comunidades, parroquias y cantones de la provincia de Napo, debido a los altos índices de contaminación y afectación a los recursos hídricos.
Con estos antecedentes, las organizaciones exigieron que se acepten las decisiones y rechazaron toda práctica, estudio, exploración, concesión y/o extracción de oro aluvial, sea esta actividad legal o ilegal.
Señalaron que deben ser consultados y que, sobre todo, el Estado debe preservar la integridad del ecosistema.
Solicitaron el compromiso al Gobernador de Napo para que se dé un patrullaje permanente en coordinación con la guardia indígena por las cuencas del río Napo, conjuntamente con la Dirección Zonal 8 del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero.
También indicaron que insistirán a las autoridades para que se disponga de una inspección judicial a los frentes mineros de la provincia de Napo.
🔴#ATENCIÓN | 150 retroexcavadoras y cerca de 4000 personas realizan minería ilegal en las riberas del río de #Yutzupino en #Napo. Denuncias ciudadanas señalan falta de atención de las autoridades. La violencia se ha instalado en la zona y no se permite el ingreso de policías. pic.twitter.com/YXr16NpOLp
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 10, 2022
Fuente: Twitter, Confeniae, Coica, redes sociales