Dijo no estar acuerdo “con este tipo de medidas, que atentan contra el derecho a la educación y debilitan la educación pública”
Punto Noticias. En rechazo al recorte presupuestario de las universidades, Silvia Catalina Vega presentó su renuncia irrevocable como delegada del Presidente Lenín Moreno ante el entonces Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), hoy Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).
“Mi presencia como su delegada en el CACES se vuelve insostenible, cuando constato que su gobierno ha adoptado la decisión de reducir fuertemente el presupuesto de la educación superior pública y cofinanciada, en vez de tomar otro tipo de medidas que permitan enfrentar la crítica situación que atraviesa el país”, escribió Vega en su carta de renuncia al Primer Mandatario.
La reducción del presupuesto de todas las universidades públicas y las cofinanciadas rebasan los USD $100 millones.
“Yo soy, antes que nada, una académica universitaria y, al no estar de acuerdo con este tipo de medidas, que atentan contra el derecho a la educación y debilitan la educación pública, no puedo permanecer como delegada de su gobierno en este contexto”, dice la carta.
Vega, además, reclama que trabajaron en un nuevo modelo de evaluación institucional, basado en el enfoque de aseguramiento de la calidad de la educación superior que introdujo la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. “Quisimos hacerle conocer en mayor profundidad el alcance del mismo, pero, lamentablemente, usted no accedió a recibirnos”.
La exfuncionaria fue presidenta de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas y trabajó en la coordinación y ejecución del proceso de evaluación de universidades y escuelas politécnicas. Este proceso, dijo, estaba en sus etapas finales: la entrega de los informes preliminares de evaluación a las universidades y escuelas politécnicas, pero por la emergencia se suspendió hasta que se supere esta situación.
“Esta decisión no fue compartida por mi persona, pues en el caso de este proceso consideré que nos correspondía reglamentariamente hacerlos conocer a las instituciones evaluadas, a fin de que ellas tuvieran el tiempo necesario e incluso extendido –por la suspensión de términos y plazos- para realizar sus observaciones”, redactó.
Considera que no se puede garantizar la calidad de la educación superior si se producen estos recortes presupuestarios, “que apuntan principalmente a la reducción del personal docente, con lo cual se limita gravemente el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad”.