El sábado terminó el proceso de sustanciación y desde este domingo corren los cinco días que tiene la Comisión para aprobar el informe. Podrían aprobar una prórroga de cinco días más.
Punto Noticias. La Comisión de Fiscalización y Control Político, tras una extensa jornada que duró cerca de 14 horas, cerró la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Ruth Barrerno y José Morillo, expresidenta y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), propuesta por Viviana Veloz, por presunto incumplimiento de funciones.
A partir de este domingo corren los cinco días para la elaboración y aprobación del informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por Viviana Veloz en contra de la expresidenta y tres vocales del Consejo de la Judicatura. De considerarlo pertinente, la mesa podría pedir una prórroga de cinco días.
La asambleísta Viviana Veloz expuso los argumentos de las afirmaciones constantes en la solicitud de juicio político. Al respecto, aseguró que a través de las pruebas actuadas y de los testimonios presentados en los últimos días ha demostrado que el Consejo de la Judicatura incumplió funciones, al desarrollar un proceso de evaluación lleno de falencias, ilegalidades e irregularidades.
Añadió que también se demostró que no existe la figura de conjueces temporales a la que acudieron los actuales vocales del CJ para llenar las vacantes que se produjeron con la ilegal separación de los jueces que no superaron la fase de evaluación. Así mismo, aseveró que al dejar en manos de una Comisión o un Comité de Apoyo la evaluación, se contravinieron expresas normas legales que prohíben la delegación de las funciones del Consejo.
Fausto Murillo, actual presidente de la Judicatura dijo que no tiene ningún impedimento, como lo demostró con una certificación del Ministerio de Trabajo. A continuación, expuso los documentos normativos y las resoluciones que facultan a este organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corre Nacional, proceso que nace de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), entidad que tuvo facultades extraordinarias por mandato popular.
Ruth Barreno, vocal del CJ, defendió la competencia de este órgano administrativo y de disciplina de la Función Judicial para evaluar a todos sus servidores. Así mismo, justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó sus facultades, como también la nominación de conjueces temporales para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación.
José Morillo, vocal del CJ, subrayó que no existe argumento alguno que demuestre el incumplimiento de funciones invocado por los asambleístas solicitantes del juicio político. La evaluación es una facultad que corresponde al Consejo de la Judicatura, al amparo de lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se depuró una Corte que, como se demostró en los testimonios de las víctimas, actuó al margen de la ley y atropellando procedimientos, agregó.
Finalmente, compareció vía telemática la expresidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, quien aseguró que no acudió presencialmente porque dio positivo para Covid y que tampoco asistió a la presentación de testimonios porque no fue citada en debida forma, pues lo que recibió fue la agenda de comparecencias. Pidió que, por Secretaría, se lean sus descargos enviados por escrito, ya que está afectada de la voz. En dicho documento explica el trabajo efectuado por el organismo respecto de la evaluación de los jueces de Corte Nacional y el concurso para la selección de nuevos magistrados, con la base jurídica y las decisiones normativas adoptadas para el efecto.