Dejará para 2021 el trámite de otras reformas anticorrupción exigidas por el FMI, para entregar los desembolsos al país.
Punto Noticias. La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, antes de la vacancia legislativa de diciembre del 2020, es uno de los compromisos asumidos por el Parlamento Nacional.
El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), ratificó que la meta es aprobar la Ley antes del 15 de diciembre, cuando esta Función prevé acogerse a su segundo receso del año.
Solicitó a la Comisión de Participación Ciudadana que apruebe, hasta esta semana, el informe para segundo debate en el Pleno, aunque todavía requiere de consensos. “Tenemos que ajustar los criterios entre las bancadas”, señaló.
La Legislatura dejará para 2021 el tratamiento de otras reformas anticorrupción, que requirió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar USD 2.000 millones a Ecuador. Se requiere voluntad política para que estas sean aprobadas, antes del 24 de mayo, cuando termine el mandato para esta Función, concuerdan el asambleísta Héctor Muñoz y el constitucionalista Juan Francisco Guerrero.
La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, entregó a la Comisión de Justicia los alcances de los dos proyectos enviados en el primer semestre de este año para su trámite, los cuales aún no tienen informe para primer debate, que proponen incorporar en el Código Penal (COIP) figuras como la oferta de tráfico de influencias y el soborno, en el sector privado, enmarcados en la Convención de la ONU contra la Corrupción, que son exigencias del FMI.
La propuesta incluye disposiciones transitorias para ajustar la Ley Orgánica de Contratación Pública, que busca tipificar el delito de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia.
Plantea también imponer sanción privativa de libertad, que sea proporcional al monto del perjuicio y una multa equivalente a ese valor, según Pesántez.
Hay por lo menos siete propuestas de reformas al COIP que están en análisis, cinco de iniciativa legislativa y las dos del Ejecutivo. Las primeras proponen incremento de penas, a decir del legislador socialcristiano Henry Cucalón, integrante de la Comisión.
El procurador del Estado, Íñigo Salvador, anunció que está dispuesto a enviar al Legislativo una codificación de todos los proyectos anticorrupción, con elementos válidos, existentes en otros proyectos rezagados.
Fuente: Asamblea Nacional, El Comercio.