Durante el 2019, se presentaron 3.247 casos entre Guayas, Pichincha, Manabí, Tungurahua y Azuay.
Punto Noticias.- Guayas, Pichincha, Manabí, Tungurahua y Azuay son las provincias en las que se registra un mayor número de menores de edad desaparecidos.
Según la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de los 5.204 casos registrados a escala nacional en 2019, solo en estas provincias sumarían 3.247. Mientras, 4.989 causas se resolvieron en el país y 206 siguen bajo investigación.
En Guayas, se atendieron 1291 casos, de los que fueron resueltos 1.223; en Pichincha fueron 1.196 procesos y se resolvieron 1.137.
En Manabí, en cambio, se receptaron 269 denuncias y se resolvieron 259. Mientras que, en Tungurahua fueron 249 casos y se obtuvo una respuesta a 240; y en Azuay de las 242 denuncias presentadas se resolvieron 236.
La desaparición de un hijo es un momento de dolor e incertidumbre para sus padres. Para Xavier Miranda, padre de Anahí, una niña que fue secuestrada en el sur de Quito y recuperada el 14 de agosto de 2019, ese momento es crítico y algo que no le desea a nadie.
En el caso de Quito, el año pasado, se reportaron 1.106 casos como el de Anahí, por lo que se convirtió en la ciudad con más reportes de menores extraviados, seguida por Guayaquil con 989 casos.
Del total de causas atendidas en la capital se resolvieron 1.050. En esos casos, los menores fueron encontrados y entregados a sus padres. Según el informe de la Dinapen, a estos se suma el de un menor fallecido. Los otros, todavía no se han resuelto, pero siguen bajo investigación.
El coronel Silvio Dávila Carpio, director de la Dinapen, explicó que las denuncias que se presentan a tiempo facilitan las investigaciones que realiza el personal de inteligencia y ayudan a que se cumplan con los protocolos de búsqueda.
Comentó que cuando los familiares proporcionan fotografías recientes y facilitan toda la información es posible orientar los operativos.
Mencionó que en estos casos no se puede perder tiempo y que los ciudadanos podrían acercarse a la Unidad de Policía Comunitaria y alertar sobre la desaparición.
Dávila indicó que en 2019 bajo estos parámetros se tuvo una efectividad del 95% en las tareas de búsqueda.
Explicó que manejan un promedio de tiempo de 72 horas para atender y resolver una desaparición reciente, pero el 92% de los hechos que se registraron en 2019 se resolvieron en apenas 24 horas.
Por otra parte, se espera que con la vigencia de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas se atienda con mayor prontitud estos casos.
El trámite de la norma terminó el 19 de diciembre, cuando el Pleno de la Asamblea se pronunció sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo, pero entró en vigencia a fines de enero.
Ahora, le compete al Ejecutivo emitir un reglamento y al Ministerio de Inclusión Económica y Social implementar un registro de personas en situación de abandono, sin identidad, ni referente familiar, en albergues o casas de acogida, para contrastar con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que crea la normativa.
De igual manera, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe emitir un protocolo para implementar una base de datos de personas fallecidas, no identificadas, no reclamadas y sin identidad.
Esto permitirá que se cuente con información real que se pueda cotejar con casos de desaparecidos.
Fuente: La Hora, redes sociales