También resolvieron acreditar una Veeduría Ciudadana que fiscalice y vigile la adquisición, distribución y priorización de las vacunas al personal médico, trabajadores de la salud, entre otros.
Punto Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se une a las entidades del Estado que piden la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por las irregularidades en el plan de vacunación contra el COVID-19.
El Pleno del Consejo de Participación aprobó, este 26 de enero de 2021, varias resoluciones que buscan la transparencia y control social del proceso de vacunación, que inició el 21 de enero.
La moción la presentó la presidenta del organismo, Sofía Almeida. La resolución incluye solicitar al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, en el plazo de 15 días remita toda la información relacionada a la adquisición y distribución de las vacunas adquiridas por el Gobierno, así como la relacionada con el plan de vacunación contra el COVID-19 que ha iniciado el MSP, en especial el cronograma y los listados de personas para vacunación.
Las denuncias a las que hacen referencia el Consejo de Participación son las que se conocieron el pasado 23 de enero, cuando el ministro llegó, junto a una brigada de vacunación, a una residencia privada para adultos mayores en Cumbayá, donde se encontraba, no solo uno, sino varios familiares del ministro, según sus propias declaraciones. Posteriormente, se confirmó que la madre de Zevallos residía en este conjunto privado.
Por ello, la resolución también incluye un exhorto al Gobierno Nacional y al Ministerio para que se incorpore el criterio de atención de los grupos prioritarios. Además, por moción del consejero David Rosero, se resolvió acreditar una Veeduría Ciudadana que fiscalice y vigile la adquisición, distribución y priorización de las vacunas al personal médico, trabajadores de la salud, entre otros.
Aparte del CPCCS, la Defensoría del Pueblo también pidió la destitución del ministro, así como la Asamblea Nacional, entidad que también aprobó que se tramita los juicios políticos anunciados en su contra.
En el ámbito penal, el colectivo Acción Jurídica Popular presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias en contra del ministro. Hasta el martes 26 de enero, la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, anunció que el Gobierno y el Gabinete respaldan al 100% a Zevallos.