La audiencia de formulación de cargos del Caso Metástasis se retomó casi a las 18:00 de este 15 de diciembre.
Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, dictó prisión preventiva en contra de Wilman Terán, quien hasta hoy todavía funge como presidente del Consejo de la Judicatura. Esto dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada, del Caso Metástasis.
La audiencia de formulación de cargos se ha interrumpido apenas unas horas, desde que inició, a las 20:00 de ayer, jueves 14 de diciembre. En ella también el juez dictó prisión preventiva para Ángulo B., Xavier N., Álex P., Adolfo G., Mayra S., Paul Z., José S., Sofía G., Emerson C., María A., Héctor P., Gabriel C., Christian S., Lenin M. , y César A., una vez que se ha cumplido lo que dice el artículo 543 Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El juez Felipe Córdova recalcó que cuando Wilman Terán se desempeñó como juez nacional, supuestamente, habría estado en contacto con el abogado Christian Romero y el operador Helive Angulo, alias Estimado, además con Álex P. El objetivo habría sido aceptar un hábeas corpus favorable al narcotraficante Leandro Norero. Al parecer, Norero, a través de su abogado habría obtenido el número telefónico del exjuez.
El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, sería llevado a la Cárcel 4. Todavía el Pleno del Consejo de la Judicatura no ha tomado acciones. Su suplente es Álvaro Román. Cuando se cumplan tres días de ausencias, podría darse paso a su destitución.
Además, al general de Policía, Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, no será encarcelado. No podrá salir del país y tendrá que acudir cada 15 días a la Corte Provincial.
Lo mismo deberán hacer Braulio M., Johan M., Glenda O., Ángel L., John C., Edin I., Christian Ch., Ángel L.P., Armando R., Kevin P., Daniela B., Daniel M.
Asimismo, el juez Córdova dictó arresto domiciliario para Ronald G., por haber cumplido más de 65 años. Braulio M., Johan M. y Glenda O., no tendrán prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado habría empezado la investigación tras el asesinato de Norero, en octubre 2022. En este supuesto delito de delincuencia organizada estarían involucrados no solo jueces sino fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio para favorecer al narcotraficante.