Para Renato Rivera, la dependencia del sistema de justicia a la flagrancia dificulta las investigaciones contra lavado de activos.
Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, señaló que la única sentencia por lavado de activos en el 2023, demuestra que el país contribuye muy poco a lucha contra ese delito a nivel de Latinoamérica.
Para Rivera, esto deriva de la dependencia del sistema de justicia a la flagrancia y por ende a la inmediatez, cuando estos delitos requieren de un análisis financiero.
“El 65% de los casos se origina por flagrancia; quiere decir que no hay orientación estratégica”, agregó.
Renato Rivera explicó que es difícil sacar un dato exacto de cuánto genera el lavado de dinero en el Ecuador, puesto que 7 de cada 10 empleos son informales y es complicado conocer el origen o procedencia de los activos que ahí se obtienen.
A esto se suma la poca institucionalidad puesto que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue debilitada, dentro de una supuesta lógica de optimización de gasto.
“De 2015 a 2019 había tres sentencias condenatorias y ahora solo hay una”, insistió.
En ese contexto, Renato Rivera mencionó que la Superintendencia de Bancos tiene un rol fundamental para las investigaciones que se realizan en el marco de la lucha contra el lavado de activos puesto que no solo en la banca se puede dar este delito sino también en las cooperativas de ahorro y crédito, donde el control es aún más bajo.
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